Indignación. Es la palabra que caracterizó hace ya casi once años al movimiento 15M y a las Marchas de la Dignidad. Durante los años de oposición al gobierno de Mariano Rajoy, los indignados se agruparon en diferentes colectivos. Uno de los articuladores de su paso a la política fue Podemos. Ahora, en un Ejecutivo de coalición con el PSOE, las cosas son diferentes.
“Quien manda es Bruselas. Por eso tenían que firmar sí o sí el Pacto de Toledo… se lo exigían para los fondos”, dice uno de los jubilados que ha acudido a la concentración de la Marea de Pensionistas de Jerez, convocada en el marco de unas jornadas de movilización estatal este sábado 12 de febrero. Las plataformas locales y autonómicas de este colectivo reivindican la revalorización de las pensiones en base al IPC real y no al IPC medio, valor que se ha tomado como referencia tras la Ley 21/2021, de 28 de diciembre una reforma de las pensiones que según el Ejecutivo de coalición PSOE-Unidas Podemos garantizaba el poder adquisitivos de las pensiones y la sostenibilidad financiera y social del sistema público.
“El Gobierno hizo trampa. Subir las pensiones con el IPC medio y no el real nos perjudica. Además, lo han hecho mediante decreto por lo cual se puede derogar. No hay seguridad, nosotros queremos que se suba el IPC real y que se blinde en la Constitución”, explica a lavozdelsur.es Juan Romero, portavoz de la plataforma a nivel local. La diferencia es enorme. Mientras que el IPC real desde diciembre de 2020 a noviembre de 2021 es del 5,5%, el IPC medio, valor utilizado tras la reforma, es del 2,5%. La consecuencia es la pérdida del 3% de poder adquisitivo.
Este jubilado, con 42 años y 7 meses cotizados, tuvo que “marcharse” del mercado laboral porque con su edad no había alternativas. Entre los problemas asociados a las pensiones, recalca la conversión del sistema público en una especie de empresa que funciona a nivel cuantitativo y no cualitativo. “Tratan de privatizar las pensiones con planes privados. El que tenga trabajo tendrá una mochila de jubilación y el que no, no tendrá nada. Quieren convertir a la Seguridad Social en una agencia y una agencia nunca defiende lo público, si no lo privado”, lamenta.
A su lado, le acompaña Oliva Aguilera, que apoya al colectivo y anima mediante un megáfono a participar en la recogida de firmas. “A los jóvenes también nos afecta… nos vamos a tener acceso a las pensiones. La juventud tiene que movilizarse y tiene que comprender que esto es de todos, que no vamos a poder acceder a unas pensiones dignas y pública si no hacemos nada”, dice.
Sin embargo, no es la única reivindicación de los pensionistas (y futuros pensionistas) concentrado en la plaza del Arenal. José Rodríguez, forma parte de Asjubi40, un colectivo que busca la derogación de los coeficientes reductores a las jubilaciones anticipadas en 40 o más años cotizados. “Llevamos más de 40 años y por H o por B nos han despedido o se pidió la baja. En mi caso, por haberme tenido que jubilar a los 61, estuve con el subsidio hasta poder jubilarme y ahora me quitan un 24% de lo que se me queda. Pierdo más de 300 euros al mes”, lamenta.
Las 500.000 firmas que este colectivo llevó al Congreso, no solucionaron el problema. Pese a sus 45 años, 7 meses y 1 día cotizados, su pensión se le queda al 76%, a diferencia de otros jubilados que con diez años menos tienen el 100% por haberse jubilado a la edad estipulada. “No es justo. Nuestro caso es una situación a extinguir… están esperando a que nos vayamos a morir”, dice.
Para este jubilado el ministro de Seguridad Social no ha cumplido. “Escrivá ha hecho un parche. No estamos conformes porque no cubre nada. La paguita de los jubilados son unos 100 euros”, dice sobre el marco general. En el horizonte, una de las situaciones que más lamenta es que los pensionistas no tengan voz cuando se hablen de este tipo de reformas, como en el caso del Pacto de Toledo. “¿Agentes sociales? Son los sindicatos mayoritarios. No nos representan”, se queja.
Una de las pensionistas concentradas, Begoña, no quiere aparecer en las fotografías y se muestra algo reticente a dar su opinión. “Mejor ni decir lo que una piensa, estás en contra de muchísimas cosas… esto no se hace”, dice en referencia a las políticas del Gobierno de coalición. “Un Gobierno dice una cosa y otro dice otra. En medio, nosotros (los pensionistas). Así estamos”, se queja. En referencia a la concentración, cree que es importante acudir y salir a la calle para que no se pierda el poder adquisitivo de los mayores. “Me afecta personalmente. Estoy de acuerdo con lo que dicen… si sigue subiendo la vida, nos quedamos bajo mínimos. Mira la factura de la luz”, dice.
La radiografía general de la situación la muestra Juan Romero, portavoz de la Marea de Pensionistas de Jerez en declaraciones a este medio. “No nos quedamos quietos. No vamos a parar… gobierne quien gobierne, las pensiones de defienden”, dice. Eso sí, en el camino reconoce uno de los problemas. “Somos 10 millones y no nos ponemos de acuerdo. Hay que concienciar a la gente. A mayores y a jóvenes, también queremos que ellos cobren una pensión digna. El Estado tiene que proveer”, concluye indignado. La voz de ellos y de ellas puede que vuelva a estar pronto en la agenda del Gobierno. La pregunta es si será escuchada.