Durante lo que va de año, 52 transformadores eléctricos han estallado en todo el país, 17 de ellos en Andalucía. Al menos, son los que han recogido distintos medios de comunicación. En 2022 fueron 38 (trece en la comunidad andaluza), 52 en 2021 (23 a nivel andaluz), 56 en 2020 (25 en la región), 43 en 2019 (9 andaluces) o 33 en 2018 (14). Estos datos los recopila la Asociación de afectados por el accidente del transformador 29272 de Tarifa, que lucha para que no se vuelva a repetir la tragedia vivida en verano de 2017.
El 5 de agosto de hace seis años, en el Hotel 100% Fun, murieron dos trabajadoras: Sara Ojeda y Mariluz Morillo. Aquella tarde, el transformador 29272 de Endesa, ubicado en la trastienda de la cocina de las instalaciones, explotó y una enorme llamarada salió de la parte baja y quemó, en mayor o menor medida, a Francisco, Esther, Juan Antonio, Francisco José, Daniel e Irene, además de las citadas Sara y Mariluz, que se llevaron la peor parte.
Hace unos meses, en abril de 2023, el Juzgado de lo Penal número 2 de Algeciras dio carpetazo judicial al asunto, condenando a tres ingenieros de Endesa a multas de 15 meses. Endesa, como responsable civil solidario, aceptó indemnizar a todos los afectados, con los que llegó a un acuerdo antes de llegar a juicio oral, por lo que se concedió una rebaja de condena a cambio de reconocer los hechos delictivos. El fiscal y las acusaciones particulares pedían cuatro años de prisión y seis de inhabilitación para los ingenieros. A Endesa se le atribuían dos delitos de homicidio por imprudencia menos grave y seis delitos de lesiones por imprudencia menos grave.
"La deflagración e incendio posterior del transformador se debió a la severa sobrecarga y sobrecalentamiento a que se había visto expuesto el centro de transformación número 29.272", recogía la sentencia en sus hechos probados. Los informes periciales aportados en la causa señalan que estas sobrecargas se venían repitiendo desde 2013, y muy probablemente desde 2009. "En ninguna de las actas de las inspecciones obligatorias realizadas durante este periodo se refleja la sobrecarga que sufría el transformador", incide la asociación de afectados, en un escrito dirigido al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico en julio de este año.
Juan Ramón Ojeda, padre de Sara, y presidente de la Asociación de afectados por el accidente del transformador 29272, considera así que los protocolos que se siguen en las inspecciones obligatorias no son eficaces para prevenir accidentes. En un escrito de febrero de 2019, piden a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía que tome medidas para modificar estos protocolos.
Pero la lucha de la entidad va más allá. Desde hace años, además de reclamar Justicia, pretenden que no se vuelva a repetir una tragedia así. Para que no vuelvan a fallar los protocolos. A través del portal de transparencia de la Junta de Andalucía, preguntando por el análisis de capacidad de conexión del transformador, la asociación consiguió una respuesta: "No constan en esta Administración ni les han sido requeridos a la empresa de distribución eléctrica dichos informes, al no existir una base jurídica u obligación legal que exija la emisión y entrega de dichos documentos a la Administración en el seno de los expedientes de nuevos suministros de electricidad".
"Endesa no ha podido acreditar que hiciera el mencionado análisis de capacidad al transformador siniestrado cuando realizó la conexión del último abonado", reseña la entidad, que aglutina el sentir de las víctimas de la deflagración del 29272 de Tarifa. En septiembre de 2021, el asunto llegó al Parlamento andaluz, donde Unidas Podemos por Andalucía presentó una PNL (Proposición No de Ley) solicitando la modificación de los protocolos de revisión de los transformadores en la comunidad, aprobada por unanimidad.
El Parlamento autonómico trasladó a la Administración General del Estado las pretensiones de esta PNL, pero la respuesta del Ministerio de Industria, que se limitó a recordar la normativa existente, no contentó a la asociación. En agosto de 2022 se envió un escrito a este Ministerio solicitando que responda a lo consultado, que respondió un mes después asegurando que "la Junta de Andalucía ostenta las competencias para llevar a cabo los protocolos de inspección que considere necesarios para comprobar el cumplimiento de los reglamentos de seguridad industrial". Tras ello, pidieron a la Junta que cambiara los protocolos de inspección, a lo que la Consejería de Hacienda y Financiación Europea respondió señalando que "esta secretaría general de Energía no tiene la potestad para realizar más actuaciones".
En medio de este tira y afloja entre Junta y Gobierno central, la Asociación de afectados por el accidente del transformador 29272, se dirige al Defensor del Pueblo Andaluz en abril de 2023, solicitándole su intervención para aclarar quién tiene las competencias sobre los mencionados protocolos, para exigirle su modificación. El 13 de julio hubo respuesta: "Su solicitud no puede ser admitida a trámite, ya que el asunto que nos plantea afecta al ámbito de competencias del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico", al que se dirige la entidad. Más tarde, el Defensor sí ha admitido a trámite la queja ante el Ministerio por inacción.
Qué pide la asociación
La entidad de afectados por el incendio del transformador de Tarifa solicita, básicamente, que "en las inspecciones obligatorias de los transformadores se comprueben los niveles de carga que han soportado desde la última inspección, y se adjunte esta información a la documentación que se envía a la administración competente".
Así, también pide que "a esta documentación se adjunten los análisis de capacidad que se le han practicado al transformador desde la última revisión obligatoria, de tal forma que la administración competente pueda comprobar que estos análisis obligatorios se están realizando".
La asociación no exige ningún cambio en la ley, simplemente que se verifique por parte de la administración competente que se cumplen las leyes y normas establecidas, de modo que "las inspecciones obligatorias sean una herramienta eficaz para prevenir accidentes, y que se dé traslado de la documentación correspondiente al órgano competente".
Qué dice el informe pericial
Un informe pericial encargado por la asociación de afectados recoge que "el accidente fue la consecuencia inevitable del régimen de sobrecargas severo al que estaba siendo sometido el transformador desde, por lo menos, el año 2013 y presumiblemente desde 2009".
En el documento, se reseña que "las sobrecargas se producían prácticamente todos los días de los meses de verano llegando a alcanzar factores de carga superiores al 175% en los momentos de mayor demanda. Estos esfuerzos eléctricos se traducían en esfuerzos térmicos y los esfuerzos térmicos, en virtud del elevadísimo coeficiente de expansión volumétrica del aceite dieléctrico, en esfuerzos mecánicos que fueron mermando, con el paso de los años, la resistencia a la fatiga de la cuba elástica".
El informe también sostiene que "las sobrecargas eran conocidas por la empresa de distribución eléctrica Endesa, responsable de la lectura de los contadores de energía eléctrica, desde como mínimo el año 2013, ya que durante los meses estivales la demanda de energía era incompatible con la potencia del transformador".
Así, asegura que "el fraude de potencia del Hotel 100% Fun era conocido por Endesa desde junio del año 2016. El fraude de potencia del Hostal La Peña podía ser fácilmente deducible desde la misma fecha. No hay evidencias de que Endesa realizara los análisis de capacidad a los que estaba obligado realizar según la ley ante cada solicitud de conexión presentada. Si se hubiera realizado en el año 2009, fecha en la que solicita conexión el último abonado y se hubiera aplicado la normativa en vigor, la demanda actual resultante hubiera sido de 167,9 kVA, lo que hubiera obligado a sustituir el transformador de 100 kVA por otro de 250 kVA ya en esa fecha".
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