Más de 75.000 andaluces han pedido el bono carestía de la Junta

El presupuesto previsto por la Consejería de Inclusión Social era de 12 millones de euros con el objetivo de beneficiar a 60.000 familias para hacer frente a la inflación

La frutería de Rogelio, en el Mercado del Arenal. 75.000 andaluces han pedido el bono carestía.
La frutería de Rogelio, en el Mercado del Arenal. 75.000 andaluces han pedido el bono carestía. MAURI BUHIGAS

El pasado 11 de abril la Junta de Andalucía abrió el plazo para que las familias vulnerables andaluzas pudieran solicitar el bono carestía, una ayuda de 200 euros acordada con los sindicatos en el Pacto Social y Económico que se firmó hace un año. Este martes la Consejería de Inclusión Social ha cerrado el plazo para cerrar la petición.

Más de 75.000 andaluces han pedido este bono. En total hay 75.825 solicitudes. Una vez concluida la recepción de solicitudes, se abre ahora la fase de validación y resolución correspondiente de esta ayuda, que consiste en un pago único de 200 euros para familias con menores en situación de vulnerabilidad.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de concesión será de seis meses desde la fecha de finalización del plazo para la presentación de las solicitudes, un plazo que se amplió hasta el pasado 28 de mayo para facilitar un mayor acceso a las familias a esta ayuda, ha apuntado la Junta en una nota de prensa. Además, se habilitaron con diversas entidades colaboradoras servicios de apoyo en los trámites telemáticos. En concreto, se han registrado más de 8.900 asistencias y casi 2.000 actividades grupales para informar y asesorar a este respecto.

El bono carestía es una medida recogida en el Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía suscrito entre la Junta, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), UGT-A y CCOO-A, que contempla un presupuesto de 12 millones de euros y puede beneficiar hasta 60.000 familias andaluzas. Esta ayuda está dirigida a familias con menores a cargo afectadas por la sobrecarga que supone el incremento de precios generalizado de los productos y suministros y cuyos ingresos sean inferiores a tres veces el valor del Índice Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) anual vigente, es decir, inferior a 21.600 euros.

Asimismo, "busca generar un impacto positivo directo sobre el poder adquisitivo de las familias y salvaguardar su dinámica económica, priorizando a los hogares de mayor vulnerabilidad, como es el caso de las unidades familiares con menores a cargo", ha subrayado la Consejería que dirige Loles López.

Sobre el autor:

Emilio Cabrera.

E. C.

Periodista.

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