La Audiencia Provincial de Navarra no rebajará las condenas cuando las penas impuestas puedan ser imponibles con la nueva ley de libertad sexual, sus dos secciones penales solo revisarán las sentencias cuando la pena que fue impuesta resulte superior o más grave que la máxima contemplada en la nueva norma.
En línea con el criterio de la Fiscalía, los jueces navarros, igual que los de La Rioja y Las Palmas, no revisarán de oficio los casos a los que afecte la ley del ministerio de Irene Montero y, en caso de que se solicite una rebaja por parte de los abogados de la defensa, procederán a la revisión «cuando la pena que fue impuesta resulte superior o más grave que la pena máxima contemplada por la nueva Ley Orgánica para dicho delito».
Según explica la Justicia navarra y recoge eldiario.es, “como en la indicada ley se establece una nueva configuración de tipos penales afectantes a la libertad e indemnidad sexual, en que no existe una auténtica correlación con los preceptos derogados que permitan una comparación objetiva de delitos idénticos” solamente “se procederá a la revisión de las condenas” en casos en que “la pena que fue impuesta resulte superior o más grave que la pena máxima contemplada por la nueva ley orgánica para dicho delito”. O también “cuando resulte que la pena que fue impuesta sea superior o más grave que la pena máxima imponible conforme a la nueva Ley Orgánica para dicho delito”.
De esta forma no rebajará la condena de uno de los integrantes de la 'manada', Ángel Boza, que fue condenado por el Tribunal Supremo a 15 años de prisión por un delito continuado de violación con las agravantes específicas de trato vejatorio y actuación conjunta de dos o más personas.
La intención de su abogado ya salió a la luz en septiembre, cuando provocó la reacción de la delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, que calificó de "propaganda" que pudiese pedir una reducción de pena para sus defendidos aplicando la nueva ley porque la norma no permite revisiones de condenas de 15 años.
Boza es el único de los miembros que no está enjuiciado por el caso de la violación de Pozoblanco. Sin embargo, Boza ya contaba con antecedentes por robo con fuerza y contra la seguridad vial antes de la violación en Sanfermines. Pero, además, durante su estancia provisional en prisión por lo ocurrido en los Sanfermines, fue sancionado por participar en una pelea en la que varios internos dieron una paliza a un preso que acababa de entrar en la cárcel.