“Estamos pidiendo dignidad profesional”, dice Andrés Ramos Ayala, quien ejerce como portavoz de un colectivo olvidado dentro del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Los monitores ocupacionales, encargados de tratar con personas con trastorno mental grave en centros de atención especializada —unidades de rehabilitación, comunidades terapéuticas, hospitales de día, unidades de agudos…—, están hartos de esperar para que se reconozcan las funciones que realizan con una categoría profesional propia.
Desde hace más de tres décadas, cuando el Servicio Andaluz de Salud (SAS) absorbió a los empleados procedentes de los antiguos manicomios y se crearon las unidades de salud mental, las personas encargadas de tratar a personas con trastornos mentales graves tienen la categoría de monitores. Y casi desde entonces luchan para que se les reconozca como técnicos. Concretamente, como técnicos de integración social.
Hasta llegaron a tocarlo con los dedos, ya que en octubre de 2016 se aprobó en el Parlamento de Andalucía una Proposición no de Ley (PNL), aprobada por todos los grupos políticos presentes entonces en el arco parlamentario —PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos e IU—, que dos años más tarde, en marzo de 2018, se materializó en una orden para la creación de la categoría de técnico en integración social y ocupacional, que desde entonces “duerme en un cajón”.
"Nuestra función es participar en un equipo multidisciplinar de salud mental realizando una intervención integral sobre el paciente"
Andrés Ramos lleva más de 20 años ejerciendo como monitor ocupacional y cuenta a lavozdelsur.es que están englobados en la categoría C2 de Personal del SAS, por lo que quieren pertenecer a la categoría C1, la de técnicos. Ahora mismo para acceder a la bolsa de monitores ocupacionales tan solo se solicita el graduado escolar, cuando los que ejercen son profesionales, en muchos casos, con amplia formación y experiencia.
“Nuestra función es participar en un equipo multidisciplinar de salud mental realizando una intervención integral sobre el paciente”, explica Ramos. “A través de talleres y técnicas de dinámicas de resolución de conflictos, o de habilidades sociales, trabajamos para que los pacientes con trastorno mental grave, retomen la normalidad de su vida y se reintegren a la sociedad teniendo una vida lo más normalizada posible”, aclara.
Por eso quieren ascender en la escala profesional del SAS, porque su responsabilidad “es mucho mayor” que la que refleja en estos momentos. Las reivindicaciones del colectivo pasan por la definición de la categoría y del mapa de competencias de su profesión, algo indispensable en el día a día. “En algunas unidades para ahorrarse al auxiliar se pide al monitor que haga las camas. O que dé de comer”, cita Ramos a modo de ejemplo.
“Queremos que en toda Andalucía cada unidad psiquiátrica que tenga un monitor éste desarrolle las mismas funciones, porque ahora mismo se piden cosas distintas dependiendo del centro”, resume el monitor ocupacional. “No queremos que se nos manipule ni se nos utilice cuando falta alguien”, dice.
“Ahora nos hemos dado cuenta de la importancia de la salud mental”, incide Andrés Ramos, portavoz del colectivo de monitores ocupacionales, quien critica que el SAS siga sin concederles la categoría profesional que se aprobó en el Parlamento andaluz en 2018. “Somos muy pocos monitores —poco más de 100 en toda Andalucía—, el coste al SAS es absurdo. No lo hacen porque no les importamos”, reseña.
“Éramos un grupo esencial al inicio de la pandemia”, recuerda Ramos, que tuvo que acudir a su puesto de trabajo durante el confinamiento. “Si un día no vamos a trabajar nuestra unidad de salud mental se paraliza”, agrega. “Imagínate si somos esenciales”. Pero ni eso les vale para ser reconocidos como merecen. De ahí que quieran “ser visibles”.
“Nuestra función fundamental es la rehabilitación y la reinserción del enfermo mental en la sociedad”, insiste el monitor ocupacional, miembro de un colectivo que, después de mucho luchar para conseguir la aprobación de la orden necesaria para subirlos de categoría, se encontró con unas elecciones —las anticipadas de 2018— que lo truncaron todo. Ahora, apenas tres días después de tramitar una pregunta parlamentaria para llevar de nuevo el asunto al Parlamento andaluz, se encontraron con un nuevo adelanto electoral, el del 19 de junio.
“Hemos estado continuamente detrás del consejero —de Salud, Jesús Aguirre—, pero no sabemos nada”, lamenta Andrés Ramos. Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, apoyan sus reivindicaciones, así como partidos de la oposición. Pero la orden sigue olvidada en un cajón de la dirección general de Personal del SAS, sin ser tramitada a la Consejería de Salud para su publicación en BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía).
A principios de abril, los monitores ocupacionales se concentraron ante los servicios centrales del SAS. “Por la más absoluta dejadez esto se ha convertido en algo eterno y sin visos de ver solucionado y cuatro años es una auténtica barbaridad”, señalaba entonces Antonio Macías, de UGT-A. Una indefinición en la que el sector, esencial como pocos, lleva demasiados años. "La falta de dinero durante la reforma psiquiátrica en Andalucía se suplió con creatividad y con la labor de los profesionales, que estamos saturados", resume Ramos.
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