Hace más de un año, a medidados de noviembre de 2022, la Consejería de Fomento y Vivienda abrió el plazo para solicitar el Bono Alquiler Joven, una ayuda de 250 euros mensuales para los jóvenes menores de 35 años que cumplieran determinados requisitos. La medida fue puesta en marcha por el Gobierno, pero las encargadas de repartir el dinero eran las comunidades autónomas.
Un año después el tema debería estar cerrado sin mayor polémica, pero de las 17.000 solicitudes sólo se han resuelto poco más de 4.000 en toda Andalucía. Por ello, el Parlamento de Andalucía ha vuelto a debatir sobre la cuestión ante la presencia de algunos representantes de la Plataforma de Afectados por el Bono Alquiler, pero sin la de la consejera de Fomento y Vivienda, Rocío Díaz, que se encontraba en Granada para inaugurar las obras del Metro de Granada. Aun así, el PP ha asegurado que ha seguido el debate.
El propio Juanma Moreno hacía referencia a este tema durante la sesión de control asegurando que el Gobierno "ha puesto el turbo", algo que no notan los jóvenes afectados. El propio Moreno ha hecho algún reproche público a la Consejería responsable, pero la única consecuencia ha sido la destitución de una funcionaria.
El inicio del problema estuvo en la puesta en marcha de un robot para gestionar las solicitudes. El sistema no tardó en colapsar y, meses después, la Junta tuvo que reconocer el error. Pese a ello, ha habido pocas soluciones. Hace unas semanas, la consejera anunció que se había puesto a trabajar de forma específica a algunas decenas de funcionarios para terminar de solucionar la papeleta. A final de este año se acaba el programa que se inició en 2022 y el dinero de miles de andaluces sigue en el aire.
Los partidos de izquierdas se han unido este jueves en una Proposición no de Ley presentada por el PSOE para exigir a la Junta de Andalucía que resuelva de forma inmediata las solicitudes de los jóvenes. Sin embargo, el texto contiene una petición más. Ante los retrasos acumulados, la PNL incluye la solicitud al Gobierno andaluz para que abone a los beneficiarios "de oficio" las ayudas con los intereses legales de demora devengados por el retraso en la gestión, tramitación y pago de la ayuda. Esta petición, no obstante, ha sido insuficiente para formaciones como Por Andalucía que pide que la Junta se haga cargo del "daño moral que ha sufrido la juventud". "A algunos se les ha jodido la vida y se han tenido que ir de su vivienda o fuera de su tierra".
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