Los vecinos de Sanlúcar de Barrameda se han amotinado esta mañana del martes para evitar que las grúas de demolición cayeran el hogar de una familia en el barrio de la Colonia. Los convivientes de la casa, entre los que se encuentra un bebé de un año y medio, denunciaban la semana pasada que iban a perder su hogar y no tenían donde vivir.
Hasta la entrada del domicilio se han movilizados un numeroso grupo de personas que han impedido que los vehículos derribaran la casa. Según narra a lavozdelsur.es una testigo, “los camiones han dado marcha atrás y se han retirado porque creían que lo que iban a derrumbar era una casa vieja”.
Sin embargo, según cuenta la misma fuente “no saben si la grúa volverá más tarde. Ya que puede que se hayan retirado al no poder entrar por la multitud de personas que impedían el paso. Asimismo, los más cercanos a la familia han prendido taponado la entrada incendiado palés de madera para imposibilitar la entrada de los camiones de la construcción.
La razón de la demolición es una multa de hace once años por estar en una ubicación protegida, aunque desde su casa no se llega ni a divisar las marismas en el paisaje. La familia denuncia que está en el mismo lugar que todas las casas cercanas y, aun así, solo echaran abajo la suya. Desde el martes, sus amigos y su familia no se mueven del sitio.
Desde el 24 de febrero de 2010 tienen una sentencia del juzgado de lo penal número 5 de Cádiz que recoge que es una edificación ilegal y tienen una orden de demolición. “Hace unos tres meses llegó una orden del Juzgado pidiendo al Ayuntamiento de Sanlúcar que, si no accedían al derribo de la casa, incurriría en un delito de desobediencia judicial”, cuenta José Manuel Castillo, abogado de la familia.
Asimismo, se enfrentan a un descuido municipal. Aunque la propiedad está a nombre de Manuel Gálvez padre, persona a la Demarcación de Costas de Cádiz sentencia la demolición, también está multado su hijo por infracción urbanística por la misma casa. Este último se enfrenta a una multa de casi 150.000 euros por un error del Ayuntamiento que está pendiente de juicio.