El negocio de las plantaciones de cannabis se extiende por España vertiginosamente, tal como refleja la última memoria de la Fiscalía Especial Antidroga, dependiente de la Fiscalía General del Estado.
En relación con esta especialidad se hace una afirmación general en la memoria: “el tráfico de drogas, en sus distintas modalidades, es un fenómeno implantado en todo el territorio nacional, y que genera, además de los problemas de salud pública, otros de auténtica seguridad ciudadana, no circunscrito en exclusiva a la zona de la Bahía de Algeciras”.
La Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil ha tratado ya el problema de las plantaciones de cannabis hace casi diez años, y, posteriormente ha realizado dos informes, llamados "dardos", el n.º 3/2017, en los que incidía en la relación entre estos delitos y la trata de seres humanos, y el dardo n.º 6/2020, en que realizaba un análisis exhaustivo, sobre la implantación territorial de estas plantaciones, las nacionalidades principales de los integrantes de las organizaciones, el notable aumento de principio activo de los nuevos sistemas de cultivo, y las consecuencias de todo tipo derivadas de esta actividad delictiva.
Por su parte, el Cuerpo de Mossos d’Esquadra realizó en 2020 un estudio muy elaborado sobre el mercado de la marihuana en Cataluña. Esta realidad ha dado lugar a la aprobación por el Ministerio del Interior en diciembre de 2021 de un "plan nacional de actuación contra la criminalidad asociada a la producción y tráfico de marihuana".
El negocio del cannabis crece
El problema que representan las plantaciones de cannabis –de las que en la memoria de 2012 de la Fiscalía se indicaba que habían aumentado en un 51,4%– continúa en la actualidad. La progresión ha sido sorprendente.
En la memoria de 2014, se contabilizaron un total de 749 actuaciones sobre instalaciones o plantaciones de cultivo de cannabis de toda clase, con un resultado de 100.313 plantas aprehendidas, que dieron un peso (en seco) de 22.687 kilos.
También en la memoria de 2016 se informaba de la incautación de 724.611 plantas de cannabis (frente a 379.846 del año anterior, con un aumento del 90,76%), hasta llegar al millón de plantas en 2018, cifra que se ha superado en 2021, anualidad en la que solo en destrucciones in situ se ha alcanzado la cifra de 1.185.912 plantas. La cifra es similar a la de una sola operación, la que hoy desgrana la Guardia Civil.
Este notable incremento del negocio del cultivo de marihuana se une a otros aspectos, de variada índole como los intentos de “pasar” plantaciones ilegales como plantas de cáñamo para uso industrial –que no están sometidas a autorización de la Agencia Española del Medicamento y productos sanitarios, sino a una simple “declaración responsable” en las Consejerías de Agricultura de las comunidades autónomas–; las defraudaciones de fluido eléctrico y el correspondiente desabastecimiento de suministro en determinadas poblaciones, como consecuencia del importante consumo de las plantaciones indoor.
Pero lo más grave, según la Fiscalía Especial Antidroga, es “la implantación en España de organizaciones extranjeras violentas, dedicadas a la producción y exportación al resto de Europa; fenómenos de auténtica trata de seres humanos, en una forma contemporánea de esclavitud y la proliferación de organizaciones y grupos que, en lugar de cultivar ellos mismos, tratan de sustraer las cosechas (los conocidos como “vuelcos”), con uso de armas de fuego y una gran violencia”.
Como puede observarse en el anterior cuadro, las cifras globales en 2017 llegaron a 16.436 procedimientos, sufrieron un repunte en 2018, hasta las 17.348 diligencias previas, vuelven a aumentar en 2019 a 18.923 procedimientos, en 2020 llegan hasta los 19.996, con un leve incremento del 5,67%, y aumentan nuevamente en 2021, en que se alcanzan los 20.890 procedimientos, con un aumento del 4,47% respecto del año anterior. Solo han superado los mil procedimientos Alicante (1.013), Barcelona (2.485), Cádiz/Ceuta (1.038), Granada (1.024), Madrid (2.663) y Málaga (1.327).
No se incluye en este apartado de estadística nacional los procesos por blanqueo de capitales, porque resulta imposible identificar el delito precedente, y, por tanto, no es posible comprobar qué blanqueos proceden del tráfico de drogas y cuáles de otros delitos.
De este modo, si en un primer momento parecía haber una cierta vinculación de las plantaciones de cannabis de pequeña extensión con los llamados "clubes cannábicos", el fenómeno actual implica la existencia de auténticas organizaciones, constituidas por personas de nacionalidades diversas, y cuya finalidad es sobre todo la exportación a otros países de Europa, puesto que el mercado interno es insuficiente para cubrir la producción.
Ejemplo de la proliferación de estas plantaciones en prácticamente todo el territorio nacional es su reflejo en las memorias de los delegados territoriales de la Fiscalía, de lugares tan diferentes como Alicante, Almería, Asturias, Barcelona, Cádiz, Cantabria, Girona, Huelva, Valencia o Vizcaya.
“Los delegados andaluces mencionan la proliferación de plantaciones cuyos responsables declaran que están cultivando cáñamo para usos industriales, aunque no justifican ni documentan dicha declaración, y pese a que dicho cultivo no está subvencionado ni parece que la lícita actividad genere beneficios importantes”.