La crisis del coronavirus ha dejado 25.649 desempleados más en la provincia de Cádiz durante el pasado mes de marzo, llegando a 176.416 desocupados. En el caso de Andalucía, que concentra el 45% del aumento total del paro en España, son 138.569 personas más, situando la comunidad al borde del millón, con 945.333 desempleados. Supone así el 17,39% más que el mes de marzo del año pasado y un descenso de 54.098 ocupados en la afiliación media a la Seguridad Social con respecto a febrero, situando a esta en 3.084.718 personas. El mayor aumento absoluto del desempleo se dio, de hecho, en el sector de servicios (89.004), seguido de la construcción (31.982) y de la industria (10.418).
Estos datos se acercan a la previsión inicial de despidos dada por los sindicatos CCOO y UGT la semana pasada. Las centrales sindicales advertían de que podían producirse hasta un millón de despidos con la crisis del coronavirus. El gobierno reaccionó y prohibió los despidos. Sin embargo, lo hizo el 27 de marzo, trece días después de la declaración del Estado de alarma y sin retroactividad. Una circunstancia que nos diferencia de Italia, donde los despidos por motivos económicos vinculados a la crisis del Covid-19 están prohibidos desde el 23 de febrero.
"Llamé para ver lo del paro y me dijeron que no, que solo cubría a la gente del ERTE", declara Olga, una dependienta jerezana que ha sido despedida y para la que el gobierno no tiene ningún tipo de ayuda por el momento. A la trabajadora, que en principio le habían sugerido la posibilidad de un ERTE, se le ha aplicado un finiquito con la reforma laboral vigente. "Me pidieron la cuenta del banco y el e-mail. Tu contrato lo hemos rescindido, adiós", dice sobre el último día que tuvo noticias de la tienda donde trabajaba. Fue el primer domingo tras la declaración del estado de alarma cuando le enviaron un mensaje avisándole de que trabajarían con normalidad pero con las puertas cerradas.
"Fuimos a trabajar el lunes a las 9 de la mañana, sin mascarillas ni guantes", recuerda. El mandato de la dirección era claro: "Si alguien va a recoger un pedido se lo dais por debajo de la reja y que os deje el ticket". La policía les advirtió. "Nos dijeron que no podíamos estar abiertos; les respondimos que hacíamos orden de stock, y dijeron que entonces sí, pero con mascarillas y guantes". Ni una cosa, ni la otra. Por la tarde, el jefe se acercó a decirle a su compañera que estaba despedida. Ella continuó hasta el día siguiente.
"El martes trabajé sola y a las ocho de la tarde se pasó uno de mis jefes y me dijo que me fuera a casa, que iban a hacer un ERTE y que me enviarían lo que fuera", explica a este medio por teléfono. Sin embargo, el ERTE no fue para ella. "Hablé con una compañera de otra tienda en Arcos y me dijeron que el ERTE solo se lo hicieron a las fijas, a todas las demás nos han despedido", añade. A la trabajadora jerezana, que le queda un mes para poder tener un año de paro, le han recomendado desde el SEPE no hacer nada. Lo que le queda hasta el fin del Estado de alarma es lo que ha guardado para ir tirando. "Estoy sin paro, sin seguridad de volver a trabajar y, por supuesto, sin ninguna medida por parte del Estado que me ayude".
Despedido por "motivos económicos" tras una huelga y 23 años de experiencia
Caso distinto es el de otro jerezano, Antonio Monje, que se desempeñaba como técnico en la empresa de seguridad contra incendios Ruca. Afectada por una inspección de trabajo y tras tener que cambiarse del convenio del comercio al del metal, la dirección de Ruiz Sistemas S.L. manifestó no poder asumir a principios del año pasado los costes del convenio. Una representación de los trabajadores acuerda en febrero de 2019 asumir otras condiciones, un descuelgue de convenio, siempre y cuando no se produzca ningún despido, y revisar cómo va el proceso en septiembre de dicho año. Sin embargo, según suscribe el comité, la empresa se desentendió y tras el despido de 42 personas, los representantes convocaron una huelga para el mes de febrero de 2020.
Una fotografía de la huelga en Ruca el pasado mes de febrero facilitada por el trabajador.
Las infructuosas negociaciones, que continuaron tras desconvocar la huelga el segundo día, el 6 de febrero, no avanzaron durante semanas. El 19 de marzo, varios días después de la declaración del Estado de alarma, el comité solicitó a la empresa conocer la situación en la que quedaban los trabajadores. Una semana más tarde, el jueves 26, despiden a tres trabajadores, uno de ellos es Antonio, que lleva 23 años en la empresa.
"Fuimos muy pocos los que nos pusimos a hacer huelga, porque sabíamos que el que lo hiciera iba a estar en la calle", asegura a lavozdelsur.es, que junto a otro compañero con los mismos años en la empresa le han despedido. Antonio, que lleva en Ruca desde 1997, obtendrá una indemnización de 20 días por año trabajado según lo estipulado en la reforma laboral efectuada por el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy. "A mí me correspondería el doble", lamenta sobre la no derogación de la ley, uno de los objetivos olvidados del gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.
"Me mandaron un burofax comunicando el despido, que supuestamente tienes que firmar, pero con el tema del coronavirus el cartero no subió arriba y lo dejó abajo", explica. En este se explicita que el despido "es por los malos resultados de la empresa y que si bien no solo es suficiente con que la empresa iba mal, el Covid-19 empeora las cosas", sostiene. Sin embargo y pese a hacer referencia a la crisis del coronavirus, la fecha de efecto es un día anterior a la prohibición de despidos decretada por el gobierno. Pero, por otro lado, la comunicación la recibió tras la prohibición del Ministerio de Trabajo que encabeza Yolanda Díaz. Antonio recurrirá el despido porque entiende que ningún despido puede estar bajo la excusa del coronavirus. No obstante y por el momento, es uno del casi millón de trabajadores que se suma a las listas del paro en toda España.
Comentarios