Un 7 de septiembre de hace cinco años, Ana Buza, una joven sevillana de 19 años, perdía la vida. Su cuerpo fue encontrado detrás de un quitamiedos de la autovía de la A-4, a la altura de la salida de Carmona. El caso fue cerrado como un suicidio. Desde entonces, los padres de Ana llevan luchando para demostrar que su hija murió atropellada por su novio, víctima de un asesinato machista.
La causa de la muerte de Ana, como cuenta El País, logró reabrirse gracias a la insistencia de los padres y la expareja de su hija fue imputada. Un juez de violencia de género de Sevilla se hizo cargo de la investigación. Los padres de Ana están ahora a la espera de que el juez decida la apertura del juicio oral.
"Siempre he querido saber lo que pasó. Sé lo que ocurrió y cómo ocurrió y tengo a los profesionales deseando ir a juicio y al careo con otros peritos", señala al referido medio Antonio Buza, padre de la víctima.
La madrugada de su muerte, Ana iba en el coche de su novio. Su cuerpo fue encontrado, con numerosas contusiones, a escasos 60 metros del vehículo de su pareja, que ofreció hasta cuatro versiones diferentes de lo que había ocurrido, desde que se había cruzado un animal hasta la última, que Ana había abierto la puerta del coche y se había tirado a la carretera. El joven dijo que había sido por una discusión con su padre, después que por las malas notas –Ana, curiosamente, había sacado matrículas de honor– y luego que por temas de dinero.
El caso quedó archivado 36 horas después del hallazgo del cadáver. "Lo cerraron sin esperar al resultado definitivo de la autopsia, ni a los resultados de toxicología, ni al informe de la Guardia Civil de Tráfico", destaca a El País el padre de Ana. Tampoco se revisó la cámara de videovigilancia que estaba a pocos metros del lugar del suceso, ni se interrogó a la pareja de la joven para que aclarase todas las versiones ofrecidas.
"La policía judicial que acudió al lugar del accidente no tenía formación en violencia de género y no ha habido ganas de investigar", asegura Buza, que espera que, una vez cerrada la instrucción, el juez no archive el caso y decida reabrirlo.