Dolores Jiménez es una vecina de Bormujos que iba a ser desahuciada este 31 de julio junto a su marido y su hijo de 20 años de la vivienda que ahora ocupaban en régimen de alquiler. En la mañana de este jueves, el bufete bilbaíno Montero de Cisneros ha conseguido detener in extremis el desahucio que se iba a hacer efectivo mañana viernes 31. Reconocida con una discapacidad permanente y con un marcapasos instalado desde hace años, la situación de la familia es dramática ya que no tienen ninguna vivienda a la que ir si son desalojados.
lavozdelsur.es tuvo la oportunidad de hablar con la afectada y su abogado hace unos días. Mientras la mujer contaba el calvario entre enfermedades, rehipotecas y cortes de luz que ha sufrido durante casi dos décadas; su abogado, José Montero de Cisneros, señalaba las múltiples irregularidades que a su juicio se podían encontrar en todo el proceso desde que Dolores firmó la primera hipoteca de la vivienda.
Para Montero de Cisneros, "el proceso está plagado de este tipo de cláusulas, que se han ido sucediendo en todas las hipotecas que la familia iba adquiriendo para hacer frente a las anteriores, al igual que en el propio contrato de arrendamiento". La entidad bancaria con la que Dolores tuvo la hipoteca y el posterior alquiler es el Banco Sabadell. Su abogado indicaba a este medio que la intención de dicha entidad no era otra que la de especular con la vivienda.
El bufete presentó seis demandas ante el Juzgado de Primera Instancia número 29 de Sevilla, especialista en cláusulas abusivas, y, sobre una de ellas, el juez debió darles plazo para que en veinte días tuvieran un juicio de medidas cautelares y así paralizar el desahucio a la espera de que esas demandas adquirieran adultez.
Sin embargo, debido a la filtración de un funcionario del juzgado número 29 de Sevilla, han podido saber que estaban citados para dicho juicio no en enero cuando lo solicitaban, sino para la segunda semana de este mes de julio, algo de lo que no tuvieron notificación.
Finalmente, a un día de qué la ejecución se hiciera efectiva y la afectada con discapacidad, su hijo estudiante de Bachillerato y su marido fueran desahuciados y les obligasen a abandonar su vivienda sin tener otra garantía habitacional teniendo en cuenta las circunstancias médicas y el cuadro clínico de esta familia, el bufete bilbaíno con presencia en la capital andaluza y de España, recibió la tan esperada y satisfactoria noticia del Juzgado de Primera Instancia de Sevilla número 4, paralizando el lanzamiento de Dolores y sus familiares de su vivienda.