Los centros de participación activa constituyen un importante arraigo para personas mayores de 65 años en muchos pueblos y ciudades de Andalucía. Existen entre 90 y 100 en toda la comunidad, que unido a los servicios de peluquería y podología, pueden alcanzar los 400 empleos. Las concesiones para las cafeterías y demás servicios adjuntos que ofrecen estos centros se dan por plazos de seis años, pero desde que llegó la orden de cerrar de la Junta el pasado 11 de marzo, su situación ha cambiado drásticamente. El 29 de junio, un decreto les permitía reabrir a los servicios de cafetería y comedor a partir del 1 de julio, pero con unas restricciones bastante severas.
Para empezar, aquellos que no sean socios de los centros, no pueden entrar. Incluso, en un principio, se barajó que los socios que quisieran acceder, deberían aportar una prueba de covid con resultado negativo, pero finalmente se descartó esa idea. Francisco Perales es propietario y trabajador de una de esas cafeterías y el portavoz de un colectivo de afectados que ya suma a la mitad de todos estos centros de participación activa en las ocho provincias andaluzas, a la que no paran de adherirse otros. “A que no puedan entrar los no socios se ha añadido que el verano es un época floja para nosotros, y si encima no tenemos actividades por las restricciones, lo estamos pasando muy mal”.
Aclara que, aunque en el BOJA se habla de que los talleres se reducen al 50% de su capacidad, luego no tiene sentido porque no hay actividades en ellos. “Lo único que pueden hacer es venir los socios y jugar al domino, al billar o bailar, no hay nada más”. Recuerda que en cada cafetería pueden trabajar tres o cuatro personas de media, pero no son los únicos afectados. “También hay una peluquería en casi todos los centros, y también se ven afectados aunque solo sea un trabajador, porque tienen que pagar autónomo y apenas tienen gente”. Y hace mención al miedo a volver a los centros de participación que tienen los mayores. “Al no venir, no consumen. Y no vienen, entre otras cosas, porque lo hacen para jugar y pasar el rato. Como eso se ha prohibido, normal que no vengan. Y los que nos vemos afectados somos nosotros”.
Pero sus problemas para salir a flote no vienen solo por las restricciones para los mayores que son socios de los centros. Por ellos, también pasaba gente que no lo era, como trabajadores de zonas cercanas, vecinos o cualquiera que paseando por la calle se paraba en la terraza. En estos casos, directamente ni pueden acceder a los centros, con lo cual pierden una parte importante de sus ingresos. “Al no poder entrar personas de la calle, unido a los pocos mayores que se acercan, hemos pasado de dar 30 ó 40 comidas diarias a dar tres o cuatro”. Y todavía es más acusado en los desayunos, de los que dice que han pasado “de poner de 60 a 70, a cuatro como mucho”.
Francisco ve la situación como “insostenible”, y por ello han decidido crear el grupo de establecimientos perjudicados y ponerse en contacto con la Consejería de Igualdad. A pesar de los muchos escritos que han enviado a esta instancia, se queja de que la Administración va delegando de unos a otros permanentemente, “pasándose la pelota”, y no les dan una solución. “Al final las deudas se van acumulando y quedarán afectados los puestos de trabajo”. La petición que hicieron a la Junta de permanecer en ERTE no fue escuchada, y les obligaron a abrir por dar un servicio que puede ser esencial para muchos mayores. “Nos dijeron que si no abríamos las cafeterías, tendríamos que pagar una penalización económica y quedaríamos inhabilitados para concursar en otra subasta pública”.
Por este motivo, se ven atados de pies y manos, teniendo que abrir obligatoriamente unos negocios que solo generan pérdidas, a lo que se une que nadie se pone en contacto con ellos ni los escucha, y demandan actuaciones urgentes para solventar la situación porque dice que “no pueden aguantar mucho más así”. El recorte de horarios también les perjudica, y lo peor es que no ven que la situación con el covid vaya a llegar pronto a su fin. “Los centros están completamente blindados, y así la gente. Y teniendo que pagar Seguridad Social y demás gastos, no podemos seguir”.
Entre los compañeros de Francisco, existen casos verdaderamente dramáticos, como el del responsable de un centro que lleva 40 años con concesiones y tiene 61, el cual se pregunta “¿dónde voy yo ahora?” si tiene que acabar cerrando. “Nadie nos ha preguntado en qué necesitamos ayuda. Nos han dicho que tenemos que abrir y punto, sin tener en cuenta nada más”. Sobre ayudas, apunta que las únicas a las que pueden acceder son las exoneraciones en los porcentajes de algunas cuotas establecidos por el Gobierno central de España.
Algo que tampoco les libra de las pérdidas. “Hacemos una caja de 15 euros al día, y tenemos como mínimo dos trabajadores por cada centro”. Su reclamación es que, desde la Junta, se establezca algún tipo de subvención concreta para ellos, o que la propia Administración cierre por causa de fuerza mayor esas cafeterías y les apliquen alguna ayuda. “Somos los más perjudicados en la rama de la hostelería, los primeros en cerrar y los últimos en abrir”.
Pero los propietarios de concesiones en estos centros y sus trabajadores no son los únicos perjudicados por la situación y las restricciones de la Junta. Muchos de los mayores de 65 años que acudían a ellos cada día también están sufriendo, no solo la pérdida de actividades diarias y la posibilidad de socializar, algo fundamental para muchos de ellos, sino económicamente. “Los mayores de 65 con pensiones no contributivas, por ejemplo, pueden acceder a un menú por 2,42 euros al día y siempre que su gasto no alcance los 5 euros, nos lo paga por ellos la Agencia de Servicios Sociales. Si este servicio se paraliza, estos mayores no tendrían donde ir a comer”.
Durante el confinamiento, la Junta contrató un servicio de catering para dar de comer a todas personas con Tarjeta 65 con paga no contributiva de forma gratuita. Y Paco se queja de que ese servicio la Administración andaluza no se lo ofreciera a ellos y haberles ayudado así a “aguantar lo que se nos venía encima”. La Consejería justifica este hecho en que muchas de las cafeterías de estos centros no tienen vehículos apropiados para transportar comida. “De este modo, nuestros contratos están desactualizados con la situación que tenemos ahora mismo. Ni tiene nada que ver en cuestión de horarios ni en nada”. Y pide que “se adapten a la situación actual”. Para colmo, muchos usuarios se quejaban de que esas comidas a veces llegaban de estar congeladas de varios días.
Otro gran problema, según Francisco, de estos establecimientos pertenecientes a la Junta de Andalucía, es el abandono que sufren. “Nadie se presenta a estos concursos porque tenemos unos precios ridículos, por ejemplo, un café cuesta 0,80 céntimos; o un menta poleo 0,60”. La Junta les pone unos baremos para estos precios y suelen ofrecer los más bajos para conseguir la concesión. Mañana martes, se reúne una representación de estos empresarios con el PSOE andaluz para transmitirles su enorme preocupación por el futuro de unos 400 trabajadores, por lo que en los próximos días podremos tener más noticias si los socialistas deciden registrar en el Parlamento alguna pregunta. Mientras, la situación no para de agravarse ante la escasez de ingresos, lo que unido a las noticias de constantes rebrotes por toda la comunidad, convierten en un enigma el futuro de estos centros.
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