Primera sentencia por la vía civil a raíz de la presunta estafa del oro de la Sociedad Española de Metales Preciosos de Inversión, Sempi Gold, el "chiringuito financiero" con sede en Jerez que preside (eso sigue figurando en Linkedin) Gabriel Ruiz, un ex de Afinsa.
El caso, que está siendo instruido en la Audiencia Nacional por la dispersión geográfica de los alrededor de 4.000 afectados por la supuesta estafa, que supera el millón de euros —puede llegar hasta 4-5 millones, según diversas estimaciones de afectados—, en inversión de un oro que, como se comprobó en los registros de la Guardia Civil en el domicilio de Ruiz en Jerez, no eran más que barras de hierro.
En paralelo, van llegando las primeras sentencias particulares de reclamaciones de las cantidades invertidas, entre ellas esta que ha sido interpuesta por el bufete gaditano Ortiz Abogados. El Juzgado de Primera Instancia nº9 de Vigo ha fallado a favor de uno de los afectados condenado a Sempi Gold, "declarada en situación de rebeldía procesal" y con sus cuentas en números rojos desde 2020 —según la investigación judicial—, a abonar al demandante 6.336,79 euros más los intereses y costas.
El auto del Supremo en el que derivó el caso a la Audiencia Nacional, hace ahora un año, cifra la cuantía inicial del fraude en 1.122.026 euros, una cantidad que puede aumentar conforme se incrementen los querellantes.
La resolución del Supremo recuerda que el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma de Mallorca tramitó las primeras indagaciones sobre el caso Sempi Gold, una sociedad que "formalizó numerosos contratos de compraventa de oro con el compromiso de que la inversión se recuperaría en efectivo con un incremento del 5% al año, o bien en lingotes de oro por el importe total resultante de la inversión".
La empresa, cuyo domicilio social se encuentra en la calle San Cayetano de Jerez, en Cádiz, una de las dos sedes de Sempi Gold donde la Guardia Civil llevó a cabo en febrero del año pasado detenciones y registros —además de en naves donde supuestamente se acumulan los lingotes y en el domicilio del presidente de la sociedad—, ya fue considerada en 2019 por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como un "chiringuito financiero".
Cuestionaba en aquel momento que el "sistema de capitalización en oro" que efectuaban fuese real. Advertían entonces que realizaban una actividad de índole "peligrosa" y que podía ser una "tapadera para apropiarse del capital de sus víctimas”. La primera sentencia del caso Sempi Gold ya deja claro que así ha sido.
La empresa, declarada en rebeldía procesal, no ha vuelto a hacer declaraciones, ni responde al teléfono, tras asegurar después de la primera intervención de la Guardia Civil que "seguía abierta".
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