María Jesús Martín terminó la carrera de Magisterio de Infantil y empezó a trabajar en un comedor escolar, cubriendo el aula matinal y las actividades extraescolares, por lo que cobraba unos 350 euros mensuales. Por eso, cuando en 2010 se enteró de que una empresa, Eulen, se había hecho con la licitación del servicio de apoyo y asistencia al alumnado con necesidades educativas especiales, no se lo pensó dos veces y mandó su currículum. “No pregunté ni lo que iba a cobrar”, confiesa María Jesús, que es una de las 1.270 monitoras —el 90% de la plantilla está compuesta por mujeres— que trabaja como Personal Técnico de Integración Social (PTIS) en centros escolares de la comunidad.
Su primer contrato fue de 15 horas semanales, en el CEIP Manuel de Falla de Jerez, que compatibilizaba con otro de diez horas en el CEIP Tartessos, “donde integraba a niños con Trastorno del Espectro Autista”, explica, cobrando apenas 400 euros, por lo que seguía con sus labores en el comedor escolar. Cuando se quedó embarazada no se pudo dar de baja por riesgo laboral y estuvo trabajando hasta el 22 de diciembre. Dio a luz el día 27. “Trabajaba como podía, menos mal que el niño con el que estaba era tranquilo y podía estar sentada”, relata María Jesús, una PTIS que, como todo el colectivo, pide a la Junta de Andalucía que los subrogue después de estar más de 15 años sufriendo condiciones laborales indignas.
La monitora atiende a un alumno con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y a otros con “trastornos generalizados del desarrollo que están sin diagnosticar”, explica, unos pequeños a los que ayuda a colocarse en la fila, anima a que sigan las rutinas de la clase, vigila en los recreos o traslada a otros departamentos del centro. “Somos como una figura de seguridad para esos niños”, señala María Jesús, “tienen una relación muy estrecha con nosotros". Además, les sirven como apoyo académico —“tenemos funciones educativas”—.
Uno de los problemas que tiene los PTIS es la incertidumbre con la que conviven y a la que se enfrentan cada inicio de curso. “Nunca sabes de cuántas horas va a ser tu contrato”, expresa. “En el CEIP Manuel de Falla estoy con dos niños y tengo 20 horas semanales, pero en el CEIP La Paz hay una compañera con seis niños y también tiene 20 horas, no hay unos criterios claros”, se queja. El hecho de no estar contratadas a jornada completa hace que, para acudir a una reunión o a una excursión, tengan que hacerlo sin cobrar, fuera de su horario laboral. “Depende de tu buena voluntad”, explica. “No me dan permiso para ir a una excursión si la vuelta es por la tarde porque trabajo hasta la una”, dice María Jesús, “mis niños no se pueden integrar, no hay inclusión real”.
Los PTIS subcontratados por la Junta de Andalucía, que tiene privatizado el servicio, están contratados unas cuantas horas, casi nunca a jornada completa, por lo que dependen de las necesidades del centro y de las horas que le otorgue la Consejería de Educación. En verano se les da de baja a sus contratos y no tienen días de asuntos propios ni, como ha sufrido María Jesús, otros derechos como bajas por riesgo laboral. La Administración andaluza paralizó la bolsa de PTIS en 2007 y, desde entonces, está privatizado el servicio, generando un agravio comparativo entre las personas contratadas por la Junta —personal laboral— y las contratadas por empresas externas. “He tenido compañeras de la Junta que cobraban 1.500 euros y yo 400 euros, haciendo lo mismo”, explica María Jesús.
La confección de una bolsa única común de contratación de personal laboral temporal por parte de la Junta de Andalucía perjudica a los PTIS que llevan años trabajando en condiciones penosas, “ya que con el baremo implantado es como si apenas hubiéramos trabajado”, cuenta Víctor Pulido, uno de los afectados, y miembro del comité de PTIS en la provincia de Cádiz, donde hay unos 230 empleadas. “Después de varias reuniones con Javier Imbroda —consejero de Educación de la Junta de Andalucía—, nos prometieron que se iba a contar con el personal que había a la hora de elaborar los requisitos de la bolsa única, pero nuestra experiencia apenas cuenta”, se queja Pulido, quien espera que se valore.,
"No es normal que llevemos años trabajando en condiciones súper precarias, que en verano nos dejen parados, que algunos años nos hayan interrumpido los contratos en Navidad o Semana Santa, con unas condiciones miserables, y que ahora no respeten esa experiencia”, reseña Víctor Pulido, quien admite que durante estos años “hemos ganado derechos”y que el convenio actual es digno. “Pedimos a la Junta que tenga empatía y se ponga en nuestro lugar, hemos sufrido mucha precariedad y ahora debe contar con nosotros porque es lo más justo y lo más ético”, añade.
Víctor es uno de los PTIS que, durante años, ha tenido que hacer malabares para llegar a fin de mes, alternando su labor como monitor de educación especial con otros trabajos. “He dado clases particulares, extraescolares, he estado en bares…”, relata, ya que como Personal Técnico de Integración Social ni podía soñar con ser, al menos, mileurista. Para colmo, “si esto —la bolsa única anunciada por la Junta— no cambia en junio estamos en paro”. Él empezó el curso con diez horas semanales en el CEIP Tartessos y otras 15 horas en el IES Caballero Bonald, por lo que “se tienen que poner de acuerdo los centros para no pisar horarios, menos mal que están cerca”, señala.
“Es como si empezáramos de cero”, se queja María Jesús Martín, quien lleva más de diez cursos como Personal Técnico de Integración Social, y sostiene que la puesta en marcha de la bolsa única es “un despido encubierto”, porque a partir de junio no saben qué pasará con los PTIS que llevan más de 15 años encargándose del servicio. El próximo 15 de enero, —a las 11:00 horas— frente a la Consejería de Educación, los PTIS de toda Andalucía le recordarán a la Junta que van a luchar por sus derechos hasta el final. Los sindicatos CCOO y CNT secundan la huelga, en la que pedirán la subrogación de los PTIS, y también de los Intérpretes de Lengua de Signos (ILSE), colectivos que suman más de 1.500 trabajadoras en toda la comunidad.
CCOO sostiene que la Consejería de Educación y Deporte “tiene hasta el 2022” para convertir estos puestos en públicos ya que, a raíz del Informe General de la Junta de 2016, “queda claro que la Agencia Pública Andaluza de Educación no tiene competencias para la contratación” de estos profesionales. El sindicato critica que que la Junta está “haciéndoles creer que acceder al empleo público a través de la bolsa de trabajo es la única solución para ambos colectivos”, e insta a la Administración autonómica a revertir la privatización, en virtud del artículo 130.3 de la Ley 9/2017 de Contratación del Sector Público —“en caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba si así lo establece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general”—.
CNT también considera que la subrogación de los PTIS es la única solución a un problema que puede acabar con 1.400 personas “en la calle” en los próximos meses. “Cobramos un 40% menos que el personal laboral de la Junta”, se queja Juan Carlos Aibar, uno de los monitores afectados y miembro de la sección de Personal Técnico en Integración Social (PTIS) de CNT, en rueda de prensa. “La baremación de la bolsa nos perjudica”, sostiene, por lo que pide, además de la subrogación, una “baremación justa”, algo a lo que “se comprometió” la Junta, pero “no ha cumplido”, con el “riesgo de que 1.400 personas que trabajamos en Andalucía —entre PTIS e ILSE— nos quedemos en la calle”.