Los sindicatos de la administración de Justicia no han tardado en reaccionar a la noticia publicada por lavozdelsur.es en la que se desvela un plan del Gobierno para la comarcalización de los juzgados de violencia sobre la mujer en Andalucía que supone la supresión de estos organismos en municipios como San Fernando, Puerto Real, Martos, Santa Fé, Roquetas de Mar, Torremolinos y Estepona.
Uno de los más representativos a nivel nacional, el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia ha manifestado en un comunicado emitido tras la publicación de este medio su "rechazo más enérgico a la decisión de la Junta de implementar las medidas relativas a la comarcalización de varios Juzgados de Violencia sobre la Mujer en Andalucía".
Algo similar a lo previsto para 2024 ya sucedió en el Campo de Gibraltar. Según el sindicato, la decisión conllevó a "la pérdida de la competencia en los Juzgados de La Línea y de San Roque en favor de Algeciras. La medida fue, a todas luces, desastrosa, con jornadas interminables para los trabajadores y profesionales y largas horas de espera por parte de las víctimas para ser atendidas, junto con el hecho evidente de alejar geográficamente la justicia de las personas perjudicadas".
"Como principales propuestas expusimos que, siendo una medida totalmente regresiva el desmantelar el servicio de violencia sobre la mujer en cualquiera de los partidos judiciales de Andalucía, por el bien del servicio público, podrían implementarse por ejemplo, las solicitudes al Ministerio de Justicia para la creación de más Juzgados, la coordinación con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a los efectos de reorganización de reparto de asuntos y/o exención de los mismos, o incluso una dotación extraordinaria de personal mediante el incremento de plantilla orgánica de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia allí donde fuese necesario", añade la organización.
Por esto mismo, el sindicato pide a la Junta que negocie con los organismos pertinentes "para no dejar huérfano de servicio a aquellos territorios en los que se pretende eliminar estos juzgados". "Hay un bien jurídico superior en juego y es extremadamente importante. Si no se hace nada por parte de la Junta y los responsables de la Consejería no ejercen su función de velar por los derechos de las ciudadanas de su territorio, el acceso a la Justicia para miles de mujeres víctimas de Violencia en Andalucía quedará en entredicho".
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