Una prisión instalada en un barco contratado por el gobierno del Reino Unido para ‘encarcelar’ a 500 personas migrantes cuyo delito es ser refugiadas y haber pedido asilo, ha despertado otra gran polémica entre activistas de los derechos humanos y una parte importante de la sociedad civil británica ante lo que se considera, como se comenta en Twitter, “una distopía en la que un gobierno como, el británico encerrara a personas en una prisión flotante”.
Este barco es de propiedad privada del mismo modo que su explotación, “un lucrativo negocio para sus dueños”, apostillan desde las redes. Ya se encuentra en el Puerto de Portland, frente a la costa suroeste británica.
La política migratoria de Reino Unido da así una vuelta de tuerca en el recorrido que inició Boris Johnson cuando anunció el envío de solicitantes de asilo que llegaban por el Canal de la Mancha, a Ruanda. Según informan varios medios internacionales, la embarcación tiene capacidad para 200 personas, pero albergará a unos 500 migrantes.
La barcaza llegó el martes a Inglaterra después de que el gobierno aprobara su proyecto de ley para frenar la migración. Tiene tres pisos y fue construido en 1976. Países Bajos ya lo usó hace dos décadas para alojar a inmigrantes.
El gobierno conservador de Rishi Sunak lo justifica como una alternativa más económica que alojarlos en hoteles para que destina 6 millones de libras al día. Quienes cargan contra esta iniciativa, sociedad civil y organizaciones humanitarias, definen al barco como una cárcel flotante en el mar y aseguran que en esa prisión "se cometen numerosas vulneraciones de derechos humanos, y que es un negocio muy lucrativo para miembros de la burguesía”.
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