“Si algo me ha enseñado la experiencia después de un año de gobierno es que a —los profesionales de la arqueología— estos chupadores de subvenciones que siempre andan a la caza de algún alcalde despistado, les importa más aliviar sus bolsillos que aliviar el dolor de las familias de los fusilados”, asegura Carlos Raigada (Cs), alcalde de Almadén de la Plata, en declaraciones publicadas por eldiario.es. La plataforma estatal de profesionales de la arqueología responde a estas palabras.
"La localización, estudio, registro y documentación de las fosas comunes originadas durante la Guerra Civil (1936–39) y la posterior posguerra es una obligación establecida en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, a menudo conocida como Ley de Memoria Histórica, legislación que, además, cuenta con un desarrollo posterior, a nivel autonómico, en la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía", responde la plataforma.
"Los profesionales de la arqueología que, a menudo, ofrecen sus servicios y su experiencia científica y técnica para la localización y estudio de esas fosas comunes, así como para dar cumplimiento a lo establecido por la legislación vigente, lo hacen sin ánimo de lucro o recurriendo a ayudas o subvenciones que apenas llegan a cubrir los gastos básicos de los profesionales", reseña. Y añade: "Descalificar y acusar de chupadores de subvenciones, como lo hace Carlos Raigada, a todo un colectivo profesional es inadmisible desde cualquier punto de vista, especialmente si lo que se busca es una justificación política, y más si se tiene en cuenta que se trata de un colectivo que ha apoyado, desde los inicios de las exhumaciones a principios de la pasada década, con trabajo voluntario y, en la mayor parte de las ocasiones, sin obtener ningún rédito económico, a las asociaciones memorialistas y familiares en la búsqueda de desaparecidos en las fosas comunes existentes a lo largo y ancho de este país".
La plataforma estatal de profesionales de la arqueología considera que es obligación de los cargos públicos contribuir, con cuantos medios estén a su alcance, a la reparación de los daños causados por la Guerra Civil y la posguerra posterior, para aliviar la memoria de los ciudadanos que les han elegido y que son descendientes de quienes sufrieron directamente las consecuencias de la guerra, y no buscar excusas políticas para no cumplir con su obligación como regidores electos, excusas que son especialmente desafortunadas cuando se basan, exclusivamente, en desacreditar al profesional encargado de los trabajos y, en general, a todo el colectivo del que forma parte, el de la arqueología, formado por profesionales cuya misión es recuperar el patrimonio cultural y la memoria histórica de todos los ciudadanos.