"Cierre de oficinas y de centros de reparto, mercadeo de servicios de las administraciones en las oficinas de Correos, el aumento desorbitado de las tarifas del servicio postal universal para 2022”. Son las consecuencias, según los sindicatos, del "desguace estratégico" que se está llevando a cabo en la empresa, que la compañía pública niega tajantemente.
Por estos y otros motivos, CCOO y UGT han protagonizado este jueves una caravana reivindicativa en Sevilla, que desde los sindicatos han denominado “rodada postal”, en defensa del servicio postal público y contra el desmantelamiento de Correos. Las organizaciones agregan que la empresa está "imponiendo un Plan Estratégico orientado únicamente al negocio logístico, abandonando el servicio postal público que presta a la ciudadanía".
En Andalucía se han perdido más de 1.500 puestos de trabajo en los últimos años, se han cerrado 15 centros de trabajo entre oficinas y centros de tratamiento logístico y se ha devaluado la calidad del servicio de más de 8,5 millones de personas, especialmente las que habitan en entornos rurales.
Las consecuencias para la ciudadanía “son evidentes en la calidad de la prestación del servicio postal". Y las consecuencias laborales, según denuncian, “también son claras: convertir a los carteros y carteras urbanos y rurales en riders precarios, la presión asfixiante en las oficinas postales, reconvertidas ahora en oficinas de atención para todo tipo de productos, desde seguros, servicios financieros, loterías o servicios bancarios”.
CCOO y UGT han denunciado que los recortes de plantilla “son ejemplos claros de la precarización de las condiciones laborales de la plantilla”: 7.000 empleos menos de plantilla global que, según han denunciado, “se quiere tapar convirtiendo en fijos a 5.377 eventuales, lo que no conlleva incremento de plantilla, porque se suprimen más puestos de los que se crean”.
Por todo ello, los sindicatos mayoritarios en la compañía, CCOO y UGT, han salido a la calle para exigir la “reversión de este desmantelamiento, que Correos se base en un modelo postal público y sostenible, que garantice la cohesión social y territorial, con financiación suficiente, y que se convierta a Correos en una empresa pública moderna (postal, de paquetería y diversificación, no solo logística), eficaz socialmente y económicamente eficiente, lo que evidentemente debe conllevar un estilo de dirección totalmente opuesto al actual".
Movimientos en Correos Express
Los trabajadores de Correos Express, tras los últimos movimientos, temen que a la larga se produzcan despidos, como asegura Inmaculada Caravaca, delegada sindical de COOO y miembro de la sección estatal del sindicato en la filial, en declaraciones a lavozdelsur.es. “Ahora nos prohíben tocar la mercancía, no podemos hacer trabajo de almacén, y pasamos a la oficina”, donde habrá el doble de empleados que hasta ahora. “A la larga no hará falta tanta gente”, vaticina.
"En 2024 vendrá la limpia, con ERE, ERTE y prejubilaciones, para vender la empresa un año después", asegura Inmaculada Caravaca, delegada sindical de CCOO en Correos Express, donde temen que haya despidos. "A la larga los habrá. Nos han prometido que los puestos indefinidos están asegurados, pero hay mucho contrato por obra y servicio...", cuenta. En reuniones recientes con la dirección han trasladado sus dudas, como qué pasará con el patrimonio de la filial, qué funciones tienen los nuevos puestos de oficina (back office) y si la plantilla de la filial se considera parte del grupo, "porque entonces no pueden despedir, sino reubicar".
Por estos y otros muchos motivos, CCOO y UGT han convocado una huelga general en Correos para los días 1, 2 y 3 de junio y una manifestación para el 1 de junio frente al Congreso de los Diputados en protesta por el "desmoronamiento económico, laboral y de servicio público" de la compañía, que "presenta déficits por todos lados, está al borde de la quiebra técnica", insiste Inmaculada Caravaca.
La compañía matriz, por su parte, niega que haya recortes y que se esté pensando en despidos. "Correos no está cerrando ninguna oficina ni centro de distribución", asegura la empresa pública, que continúa: "La adecuación de la estructura de distribución para ser más eficientes, sin merma de la calidad, es una obligación como operador público y no produce ningún desmantelamiento ni debilitamiento del servicio en España. De hecho, la compañía sigue avanzando en la digitalización de los 2.295 puntos de atención al público de que dispone en zonas rurales".
"No existe ningún plan de privatización de Correos", insiste la compañía, que asegura que es "una empresa 100% pública, propiedad del Estado a través de su pertenencia a SEPI. Y lo seguirá siendo", ya que "no está realizando despidos ni destruyendo empleo. Correos no está realizando ningún proceso de despidos y sigue trabajando por el empleo estable y de calidad", insiste en el comunicado.