San Fernando y Puerto Real perderán sus juzgados de violencia machista: ¿habrá recorte de funcionarios?

CSIF muestra su oposición a 'comarcalizar' los juzgados de violencia sobre la mujer en la provincia

Una víctima de violencia de género, en una imagen de archivo.
Una víctima de violencia de género, en una imagen de archivo. MANU GARCÍA

La Junta de Andalucía, por orden del Ministerio de Justicia, pretende quitar la competencia de violencia de género de los juzgados de San Fernando y Puerto Real, concentrando todos los procedimientos en Cádiz, tal y como ya se hizo en el Campo de Gibraltar hace unos años. 

Ante esta medida, CSIF manifiesta su total oposición a que se “comarcalicen” los juzgados de violencia sobre la mujer de la Bahía de Cádiz. La central sindical recuerda que la experiencia de Algeciras, a día de hoy, es nefasta, dada las quejas de víctimas, familiares de las víctimas y trabajadores. En esta comarca, había tres jueces para la violencia sobre la mujer, con 24 funcionarios en total, repartidos en tres municipios, pero con la comarcalización, se redujo todo a un solo juez en Algeciras con trece funcionarios (tras incorporar tres refuerzos por la presión de este sindicato) para el mismo volumen de casos de violencia de género que soporta el Campo de Gibraltar.

CSIF recuerda que las víctimas de violencia de género y sus familiares han de realizar en muchos casos desplazamientos de hasta 50 kilómetros hasta el juzgado de Algeciras, con las dificultades económicas, de transporte y de organización familiar que supone en momentos tan complicados, con esperas de 10 y 12 horas, encerradas en una habitación. Lo mismo ocurre con los testigos, que a veces abandonan por los mismos perjuicios de tener que desplazarse a Algeciras o soportar tantas horas de espera.

Y en cuanto a los trabajadores de los juzgados, la situación no es mejor. Tal y como expone el responsable de Justicia de CSIF Cádiz, Manuel Lobato, los funcionarios realizan jornadas indefinidas sin ninguna regulación, sin contraprestación alguna e impidiendo la conciliación de la vida familiar. Todo esto provoca estrés, cansancio, insomnio, episodios de ansiedad que requieren atención sanitaria, etcétera entre los funcionarios, por lo que si se dan de baja médica, la falta de personal se acrecienta, agravando, en definitiva, la situación de la administración de Justicia.

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