El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado íntegramente la sentencia de la Audiencia de Sevilla que condenó a cuatro años de cárcel a una mujer, por estafar 54.443 euros a un hombre tras hacerle creer que tenía problemas económicos y que padecía un cáncer, así como que le cortaban la luz y que vivía sola con su hija porque el padre las dejó cuando la menor tenía 14 meses, según ha informado la Oficina de Comunicación del TSJA. La condenada, además, ya había sido sancionada anteriormente por otros tres delitos de estafa. "No es neófita en este tipo de engaños", dice el tribunal
En la sentencia, el TSJA desestima de este modo el recurso de apelación que presentó el abogado de la acusada, María Ángeles L.V., contra la condena de la audiencia por un delito continuado de estafa en concurso medial con un delito de falsedad con la agravante de reincidencia; y le impuso cuatro años de prisión y el pago de una multa de 1.800 euros, así como que indemnice con 56.443 euros al denunciante (los 54.443 euros estafados más 2.000 euros en concepto de daño moral).
Para llevar a cabo la estafa, María Ángeles llegó a compartir una documentación del SAS sobre una infección que aseguraba tener con motivo de la enfermedad. Sin embargo, el Tribunal afirma ahora en la sentencia "que no se correspondía con la realidad". La estafadora también adjuntó documentos de diferentes procesos judiciales relacionados con la cuestión que tampoco se correspondía con lo que estaba ocurriendo.
El TSJA acepta los hechos probados de la sentencia recurrida, que recoge que los hechos comenzaron el 30 de diciembre de 2014, cuando la acusada se puso en contacto con la víctima al responder a una felicitación por Twitter, diciéndole que tenía problemas económicos y que se enfrentaba a un cáncer, logrando que el hombre le facilitara su número de teléfono y se ofreciera para ayudarla, dándole la posibilidad de llamarle o de comunicarse por WhatsApp.
En el transcurso de las siguientes conversaciones por teléfono y WhatsApp y también en los encuentros personales, que tuvieron lugar durante 2015 y hasta octubre de 2017, la acusada, "con la finalidad de que le fuera haciendo entrega de determinadas cantidades de dinero", le refería "de forma continua" las dificultades que le causaba su grave enfermedad y los problemas que seguía teniendo con el padre en los Juzgados respecto a la custodia y guarda de su hija, así como los problemas económicos derivados de un préstamo anterior, por la falta de abono del suministro de servicios básicos, impago de multas o apremios por reclamaciones administrativas, además de la necesidad de obtener fondos para atender las necesidades de su hija, enfermedades de familiares e incluso de gastos de sepelio.