La cárcel de Puerto III, a partir de la próxima semana, se verá obligada a montar guardias localizadas de médicos en lugar de presenciales en ciertos turnos; e incluso habrá horas del día que no haya ningún facultativo disponible. Esto, evidentemente, incrementará la inseguridad entre la población reclusa y los trabajadores.
Es lo que denuncia CSIF, que critica la falta de personal. La plantilla médica, que según la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) podría alcanzar hasta los 12 médicos (diez de ellos funcionarios de carrera y dos contrataciones interinas), se encuentra actualmente en tres, después de la reciente jubilación de uno de sus efectivos. Además, otro facultativo se encuentra de baja de larga duración y les deja sólo con dos que, junto con el subdirector médico, intentarán tanto pasar consultas como las urgencias, de un centro que no baja el pistón de la masificación y que se sitúa en torno a los 1.300 internos, uno de los más saturados de toda España.
Desde hace más de 20 años, no se cumple con la Ley de Cohesión y Sanidad de 2003, por la cual se debería transferir a las comunidades autónomas las competencias sanitarias penitenciarias. “Ni Gobierno ni las comunidades han llegado a establecer las bases para dichas competencias; unos porque no les interesa y otros por la falta de partida presupuestaria para hacerse cargo”, apuntan desde CSIF, añadiendo que “mientras, la desidia de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el propio Gobierno para articular medidas alternativas, unido a la falta precaria de médicos en España, hacen el resto y aboca a una situación alarmante”.
Hay prisiones donde ya se realizan funciones de ‘telemedicina’ (cuestión que realiza el propio subdirector médico de Puerto III de manera esporádica con otros centros del norte de España), pero no en todas están implantadas (como ocurre con la propia prisión de Puerto III). Para revertir algo la situación, la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha solicitado la contratación de un médico para Puerto III hasta el mes de octubre de 2026. Pero este tipo de situaciones administrativas llevan su curso lento y aun así deja en una situación escasa los efectivos del centro, que pasarían de tres a cuatro médicos, con el temor en el horizonte de los periodos vacacionales o cualquier otra incidencia laboral.
Desde CSIF se exige que se cumpla la legalidad con la Ley de Cohesión y se integren las competencias sanitarias en las Comunidades Autónomas, o bien que sea la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la que articule los mecanismos suficientes para dotar de personal suficiente al centro penitenciario de Puerto III para garantizar una correcta prestación sanitaria.