A partir del mes de agosto, la nueva ley sobre el consentimiento de las relaciones sexuales convertirá el 'sí es sí' en una ley. A partir de entonces, el único criterio válido para juzgar un posible caso de agresión sexual será que todas las partes estuvieran de acuerdo en mantener una relación íntima.
A lo largo de este mes de julio el senado realizará los trámites y la votación pertinentes para sacar adelante esta nueva ley que tiene como objetivo asegurar la protección de las víctimas y no dejar ningún resquicio para que los agresores puedan quedar impunes.
De esta forma, a partir del próximo mes cualquier acto sexual que no cuente con una aceptación explícita por parte de todos los participantes podrá ser juzgado como un acto de agresión o violación.
El pasado mes de mayo el hemiciclo, salvo PP y VOX, aprobó el texto de esta ley y ahora se ha llegado a un acuerdo para que pueda salir a la luz sin necesitar ninguna enmienda previa. El hecho de que no se cambie nada de esta norma por parte de la Cámara Baja implica que el sí por parte de la Cámara Alta sería el definitivo, tras lo cual entraría en vigor una vez fuera publicada en el BOE y pasara un plazo de 30 días.
La aprobación definitiva se producirá entre el 18 y el 21 de julio, cuando se celebre un pleno extraordinario. Esta ley es el resultado de unas durísimas negociaciones entre los socios de gobierno y el resto de partidos que han tardado más de dos años en alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes.
Cambios en la forma de juzgar, en las penas y en los servicios de apoyo a las víctimas
El nuevo texto supondrá un cambio radical en todo el apartado de delitos sexuales, ya que ahora el centro de la investigación será siempre la víctima y su consentimiento del encuentro en cuestión. De esta forma desaparece el concepto de abuso y se considerará agresión cualquier acto no consentido y violación todas las agresiones con penetración, cambiando también la necesidad de que existiera violencia o intimidación para poder condenar por estos actos.
Además, a partir de que esta ley entre en vigor, todas estas agresiones serán penadas con un mínimo de un año de cárcel y existirán nuevos agravantes como la agresión a una pareja o ex pareja o el uso de sustancias químicas, tanto drogas como alcohol, que podrán sumar entre 2 y 3 años cada una.
Además, el servicio de asistencia y protección a las víctimas será reforzado, asegurándoles la cobertura más completa tanto si han denunciado como si no lo han hecho. Serán atendidas y protegidas por especialistas, forenses y policías a través del número 016. Cabe destacar que esta parte se implantará más tarde, ya que las administraciones tienen un plazo de seis meses para adaptar sus instalaciones y sus servicios a los cambios de normativa.
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