En agosto de 2021 España vivió una de las grandes crisis migratorias que se recuerdan. El hecho estuvo acompañado de imágenes dramáticas donde miles de cuerpos se agolpaban en la frontera marroquí ante la pasividad de las autoridades del país vecinos. Ahora, el Tribunal Supremo ha dictado que la actuación de España tampoco fue correcta y, además, fue ilegal.
El Supremo considera que as autoridades españolas actuaron con "absoluta inobservancia" de la Ley de Extranjería e incumplieron el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe las "expulsiones colectivas de extranjeros". En concreto, el Alto Tribunal se refiere a los menores no acompañados que fueron devueltos a Marruecos por la frontera de Ceuta.
"El retorno de los menores no acompañados en situación ilegal en España no puede basarse únicamente en el Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos (...) de 2007, sino que debe ajustarse también la legislación española en la materia, especialmente en lo atinente a las garantías procedimentales", ha concluido el tribunal.
Con esta sentencia, los magistrados han desestimado los recursos del Gobierno de España y de la propia ciudad de Ceuta, que alegaron que la actuación tuvo lugar en el marco de una "auténtica invasión" y que la actuación de España se amparó en el acuerdo firmado con Rabat en 2007, por lo que defendía que no se habían vulnerado los derechos de los menores.
La figura de Fernando Grande-Marlaska queda muy cuestionada después de esta resolución. El ministro del Interior, en cualquier caso, ya ha superado numerosas polémicas anteriores en las que tanto partidos de izquierdas como de derechas han pedido su cese.
·l Supremo ha avalado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de confirmar la sentencia del juzgado ceutí que estimó las razones de la Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Jóvenes y Menores (que actuó en su nombre y en el de ocho menores marroquíes). Aquella resolución estableció que España había incurrido en una vía de hecho al no seguir los procedimientos establecidos en la Ley y el Reglamento de Extranjería en el retorno de los menores.
Por ello, se condenó a la Delegación del Gobierno a "adoptar las medidas necesarias" para conseguir "el retorno de los menores de edad [no acompañados] que fueron efectivamente repatriados" a mediados de agosto de 2021.
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