El sector del taxi sigue luchando para que no se convalide en sede parlamentaria el decreto aprobado este martes por la Junta de Andalucía en el que se regularizan los VTC. De hecho, este mismo miércoles, antes del pleno que se celebra en el Parlamento de Andalucía, los taxistas habían convocado una manifestación para protestar por la norma y para pedir la dimisión de Marifrán Carazo, consejera de Fomento y responsables de este decreto.
Rafael Baena, presidente de Élite Taxi, una de las organizaciones que está organizando las protestas, ha asegurado este miércoles que presentarán un recurso contra el Decreto-Ley de la Junta de Andalucía regulador de la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC), al tiempo que ha acusado al Gobierno andaluz de "traición, amenaza e intento de soborno". "Vamos a llevar a los tribunales, no vamos a bajar el pulso", ha sentenciado.
Baena, que ha comparecido en rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía junto a la presidenta del Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, no ha podido precisar la naturaleza de ese recurso, por cuanto ha alegado que "no sabemos cómo atajarlo, si desde Congreso, el Senado" tras esgrimir que "la propia oposición no puede ejercer sus funciones por la opacidad" de la norma, en alusión a que este miércoles el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), aún no ha publicado el texto, a falta de una edición extraordinaria que podría publicarse esta tarde.
Baena ha sustentado la acusación de "traición, amenaza e intento de soborno" en el "día anterior a la aprobación del decretazo" durante la convocatoria del Consejo Andaluz del Taxi. El presidente de Élite Taxi ha descrito la traición en "la opacidad y falta de transparencia con ayuntamientos, consumidores" por cuanto se ha lamentado de "reuiones estériles y vacías de contenido, durante cinco horas nos venden propaganda", así como que "se niegan a darnos el documento" del decreto-ley.
"Ni siquiera tenemos una publicación", ha indicado el presidente de Élite Taxi, quien ha puesto de manifiesto que "se nos ha negado el derecho fundamental de poder alegar", para apuntar en este sentido que el 5 de septiembre fue "la primera vez que nos reunimos" con la Consejería y "nos dieron un día de plazo" para presentar sus alegaciones a la norma.
Baena ha apuntado "un posible delito fiscal" tras señalar que abonan la tasa de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) como vehículo particular y no la de un servicio público como el taxi, exigencia a la que ha sumado que tienen que llevar un seguro de responsabilidad civil, "igual que el taxi por 50 millones de euros", y lamentar entonces que "la Consejería no atiende denuncias".
La Junta señala al resto de administraciones
Por su parte, desde la Junta de Andalucía se tiran balones fuera para arriba y para abajo. Por un lado, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, señala al Gobierno central manifestando que hay una "dejación de funciones" que, en su opinión, ha protagonizado el Gobierno de España para no regular de la misma manera en toda España la convivencia entre el sector del taxi y el de los VTC.
El titular de Presidencia ha defendido el diálogo con los sectores afectados y ha comenzado opinando sobre este asunto que le "cuesta mucho entender como punto de partida" que se siga desde el Gobierno central "apostando en cosas tan del día a día ciudadano como el servicio del taxi por que existan 17 regulaciones distintas con la movilidad que hay" en España.
Tras afirmar que esa actitud no es propia de "un país serio", el consejero de la Presidencia ha remarcado que "esto procede de la renuncia, de la dejación del Gobierno de España" a la hora "de asumir su competencia", porque este era un asunto en el que el Ejecutivo central "tenía la competencia para regularlo", y, de hecho, fue el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero "quien dio las autorizaciones" de VTC "que hoy se discuten por parte de alcaldes", según ha abundado.
Mientras tanto, Marifrán Carazo apuntaba a los ayuntamientos andaluces. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha subrayado este miércoles que los ayuntamientos andaluces deben velar por la aplicación del Decreto Ley aprobado. Ha insistido en que "deben ayudar a la Administración autonómica", recalcando que "es su obligación y además tienen potestad para recaudar".
Carazo, en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, ha explicado que para la aplicación del decreto, que entrará en vigor este sábado 1 de octubre, "he propuesto una mesa estable para vigilar su aplicación, donde los ayuntamientos son fundamentales". "Es una actividad que se realiza en las ciudades", por lo que "los ayuntamientos van a tener potestad sancionadora, recaudar impuestos para ello y colaborar para armonizar y aplicar la norma", ha añadido.
En esta línea, ha detallado que en el ámbito urbano "tienen competencia los ayuntamientos y la Junta a través de la Inspección de Transporte". La consejera ha puesto de relieve que "vamos a compartir tareas, estoy convencida de que si coordinamos la actividad y la Inspección de Transporte trabaja de forma estrecha con la Policía Local podemos vigilar la norma, hacerla aplicar y favorecer la actividad para que se desarrolle con la máxima calidad para el consumidor".
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