La mayoría absoluta del Partido Popular el pasado 19 de junio en las elecciones andaluzas hacía pensar que la legislatura será tranquilísima para Juanma Moreno y su Gobierno. Nada más lejos de la realidad. A falta de oposición parlamentaria - o al menos de que la oposición parlamentaria tenga cierto impacto -, el Ejecutivo de Moreno ha visto como en apenas una semana desde que se acabaran las vacaciones, ya se han celebrado dos concentraciones relevantes a modo de protesta por algunas de las decisiones o líneas de actuación del Gobierno.
Si hace una semana era la comunidad educativa de la educación pública la que se plantaba delante del Parlamento de Andalucía, este jueves ha sido el sector del taxi, con representantes de las ocho provincias andaluzas, el que ha protagonizado una marcha desde el puente del Alamillo hasta el Antiguo Hospital de las Cinco Llagas para protestar por la ley anunciada por el Gobierno andaluz que pretende regular los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC. La concentración ha sido bastante batalladora, con proclamas de todo tipo y ha acabado con, al menos, dos detenidos y una carga policial. Alrededor de 100.000 familias dependientes del taxi se verán afectadas por la norma.
El detonante de la indignación fue el anuncio por parte de la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, de un un decreto ley para habilitar a los VTC para a seguir operando en los núcleos urbanos a partir del 1 de octubre. Carazo señaló que quería "garantizar la convivencia de VTC y taxis en aras de ofrecer el mejor servicio al ciudadano", pero estas declaraciones, lejos de convencer a los taxistas, ha provocado una indignación que se ha materializado en la manifestación de este jueves donde el sector se ha mostrado unido con la asistencia de distintas organizaciones.
Una de las organizaciones allí presentes ha sido la Federación Andaluza Élite Taxi. Su portavoz, Rafael Baena, ha manifestado su descontento a lavozdelsur.es, "han mentido al sector, ni siquiera nos han facilitado un borrador del decreto, lo han hecho con nocturnidad y alevosía copiando el modelo Ayuso, pero no nos pilla por sorpresa. Nosotros hemos demostrado ser prudentes y pacientes". Baena fue uno de los presentes en la reunión que mantuvo el sector del taxi con la consejería de Fomento el pasado 5 de septiembre, "hubo bravuconería y fue chulesca, nos respondían a preguntas técnicas con una encogida de hombros", señala ante este medio. "Nos han engañado, en esencia nos han engañado", repetía en la manifestación Francisco de la Piedra Vega, representante de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi.
Cuando los taxistas hablan de las mentiras de la Junta se refieren a un cambio de posición reciente y que la propia consejera ha aceptado. Desde Fomento, hasta hace unos días, se defendía que la regulación fuera a través de la norma estatal, una norma cuya prórroga de la moratoria a causa de la pandemia caduca en los próximos días. Sin embargo, la Junta ha modificado su postura en la última semana, "el Gobierno andaluz ha estado cuatro años negando rotundamente que se fuese a regular", afirma Baena.
La justificación esgrimida por Carazo fue la defensa de "que en España no puede haber 17 modelos distintos de regulación de VTC y que, por tanto, debe ser el Gobierno de Pedro Sánchez el que apruebe una norma para todo el país, pero dada la inacción de éste y su decisión de atribuir a las comunidades esta regulación, hemos decidido aprobar un decreto ley".
Desde el taxi señalan que, ante la negativa a sus exigencias, se habían abierto a negociar el decreto y que se introdujeran medidas exigidas por el sector como la ratio, una precontratación de 15 minutos o que los VTC no puedan apargar en la vía pública y tengan que volver a sus respectivas bases de operaciones. Nada de eso ha sido aceptado, según los negociadores.
Una de las principales quejas de los taxistas es que los VTC no respetan la normativa, no cumplen las exigencias y, además, los diferentes organismos de inspección miran hacia otro lado. Entre las denuncias del sector del taxi está el incumplimiento de la documentación que deben de tener en regla o la falta de un seguro de responsabilidad, "tienen trabajando vehículos particulares", aseguran.
Algunos focos de las reivindicaciones apuntan a José Manuel Berzal, antiguo concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid y actualmente al frente de una empresa de VTC. Taxistas señalan que Berzal tiene buena relación con algunos diputados del PP en el Parlamento de Andalucía. Además, acusan a este ex concejal de haber alardeado en sus redes sociales de maniobrar para que se realice una regulación sin restricciones para estos vehículos. "Regular a favor de multinacionales supone precariedad laboral y el desmantelamiento de servicios públicos", apunta Baena.
Carazo asegura que siguen trabajando en el decreto, la oposición pide que se cuente con los taxistas
Carazo, por su parte, ha reaccionado ante las movilizaciones, "seguimos negociando y hablando porque queremos aprobar esa norma y hacerlo en base al diálogo y la participación", ha dicho la consejera, que ha señalado que las conversaciones se desarrollan desde hace una semana, "todavía no se ha concluido y tienen que seguir avanzando".
Camino de reunirme en San Telmo con Moreno Bonilla. Antes hemos estado en la movilización de los taxistas y vamos a trasladar sus reivindicaciones. Apostamos por un modelo que defienda a las familias del sector del taxi frente a las multinacionales con sede en paraísos fiscales pic.twitter.com/oH29ksIdQy
— Teresa Rodríguez - Adelante Andalucía ۞ (@TeresaRodr_) September 8, 2022
Desde la oposición, tanto Teresa Rodríguez como Inmaculada Nieto se han posicionado a favor del sector del taxi. La segunda le dio protagonismo en una rueda de prensa celebrada en el Parlamento de Andalucía el miércoles, mientras que Rodríguez, incluso, ha estado presente en la concentración antes de reunirse con Moreno, "Nos parece que ha habido mala fe por parte de Fomento y del gobierno de la Junta", ha dicho la líder de Adelante.
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