La nueva dirección de la auxiliar del naval Soling Instalaciones ha comunicado a sus trabajadores un expediente de regulación de empleo (ERE) por WhatsApp, después de que los empleados de la compañía estuviesen 15 días en casa con un permiso retribuido.
Tal como han informado fuentes sindicales, todo se remonta a principios de febrero, cuando el nuevo dueño envió a la plantilla, formada por 77 personas, para casa con un permiso retribuido y sin das más explicaciones sobre su futura actividad. El objetivo era dar tiempo a la nueva dirección para organizar la empresa.
Este permiso terminaba el lunes, día 26, por lo que el domingo a la tarde, los tres delegados sindicales de la empresa, todos ellos de la CIG, recibieron un mensaje en el que se les informaba de la intención de comenzar un ERE extintivo y que, para más información, llamasen a un número de teléfono de un despacho de abogados que aparecía en dicho WhatsApp.
En concreto, la notificación indicaba que debido a la situación actual de la empresa, la dirección se había visto obligada a iniciar los trámites de un ERE. "Lamentamos profundamente las molestias que esta situación pueda ocasionarles y agradecemos su comprensión y colaboración durante este proceso", añadía, asegurando que el objetivo era reestructurar la empresa y "minimizar en la medida de lo posible el impacto" de esta medida.
"Es un cachondeo absoluto sin sentido", ha criticado el secretario comarcal de Industria de la CIG, Xulio Fernández, quien ha solicitado a la compañía que, si quiere iniciar un ERE, que lo haga a través de los trámites que exige la legislación vigente, sentándose a negociar con los delegados del personal.
Para él, se trató de una "venta fraudulenta" con el objetivo de cerrar la empresa "de cualquier forma". Pese a todo, los trabajadores acuden cada día a la sede de la empresa, aunque las instalaciones están cerradas y las cerraduras han sido cambiadas.
Fernández ha dicho que, hasta la venta, los empleados de Soling trabajaban en las instalaciones del astillero Armón en Vigo, así como en Gijón y en el País Vasco. Sin embargo, los desplazados fueron avisados de que tenían que volver, ya que se dejó de abonar los alquileres de los pisos en los que vivían.