En una residencia gallega, a las personas mayores "se administran opiáceos sin realizar el registro obligatorio de los mismos"; evitan derivar a los enfermos al hospital por insuficiencia respiratoria, escaras infectadas, isquemias, infecciones de orina, etc.; tampoco se les lleva al médico, ni se comunica su estado a los familiares"; y a veces "hasta se da medicación caducada a los residentes".
El calvario que viven estas personas lleva semanas siendo denunciado por la Asociación Galega de Familiares e Usuarios de Residencias, que censura el "maltrato permanente y la elevada tasa de mortalidad" en la residencia Mi Casa de Pazos de Borbén. La Xunta gallega conoce el caso desde el 5 de mayo, mandando inspecciones, tras las que admite "varias carencias", según publica Galiciapress.
La residencia en cuestión tiene 55 plazas, 22 de las cuales están financiadas por la Xunta. Los usuarios critican que precisamente las plazas pagadas por la Administración autonómica reciben peor trato. "No facilitan colchón antiescaras para los residentes de plazas concertadas con la Xunta y las úlceras y escaras son frecuentes entre ellos, así como otros problemas de piel, que suelen complicarse por falta de asistencia sanitaria —ni medico, ni enfermera, ni derivación a la sanidad pública—", relatan los denunciantes.
"Los servicios de inspección de la Consellería de Política Social visitaron hace dos semanas la residencia Mi Casa de Pazos de Borbén como parte de la actividad ordinaria de este servicio. Durante la inspección se han detectado varias deficiencias que ya han sido comunicadas al centro, que se encuentra dentro del plazo legalmente establecido para subsanarlas”, asegura la Xunta en declaraciones al citado medio.
Las deficiencias en la residencia son múltiples y variadas. Hay mobilitario en malas condiciones —con camas y mesas rotas—, alimentos "de escasa calidad y poca variedad", tratamientos médicos mal aplicados. "Los residentes sufren un gran deterioro cognitivo. Al mes de entrar en el centro, la mayoría de residentes deja de caminar", cuenta Sonia Jalda, presidenta del colectivo Traballadoras das Residencias de Galicia (Trega), denunciante junto a la asociación Vellez Digna.
"Hay una falta de higiene absoluta y que va contra todo sentido común. Hay desorden y el material está deteriorado. Respecto a las cuestiones sanitarias, solo hay médico cuatro horas a la semana y enfermera tres", critica Francisco Xosé Bernárdez Solla, presidente de Vellez Digna, que ha solicitado la retirada de la acreditación de centro sanitario y de centro residencial y el traslado de las personas mayores a otras residencias "hasta garantizar el cumplimiento de toda la normativa".