Una pregunta realizada por el Grupo Parlamentario Vox en Andalucía sobre cuántas viviendas públicas de la Junta de Andalucía están ocupadas ilegalmente en la actualidad ha permitido saber que el total de inmuebles en esta situación, desde enero de 2019 hasta octubre de 2020, es de 3.677.
A la pregunta de Vox, el Gobierno de la Junta también detalla que en la actualidad, los expedientes de recuperación de inmuebles por ocupación ilegal abiertos en Andalucía no supera la cifra de 350, ha señalado la formación en una nota.
Asimismo, la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, traslada al grupo que el coste para las arcas públicas por la ocupación de estas viviendas es difícil de precisar al darse situaciones de muy distinta naturaleza.
Ante esta "escandalosa" situación, desde Vox, su portavoz adjunto, Rodrigo Alonso, ha insistido en que la lacra de la 'okupación' ilegal "debe ser combatida". "El problema está en su auge. Es una gran preocupación para los barrios afectados, ya que genera inseguridad, problemas de salubridad, cultivo de marihuana, enganches de agua y luz ilegales y problemas de convivencia, sobre todo, entre personas de culturas distintas y opuestas", denuncia.
El parlamentario alonso recuerda que Vox defiende la creación de "una ley 'antiokupación' y antiusura, que permita desalojar a los 'okupas' ilegales en menos de 24 horas". Y ha recordado que en los acuerdos presupuestarios se ha firmado poner en marcha el Sistema Andaluz de Lucha contra la Ocupación Ilegal y de Asesoramiento para la protección de la vivienda, estableciendo además que a aquellas personas que ocupen una vivienda ilegalmente o aquellas asociaciones que fomenten la ocupación ilegal de viviendas se prohíba concederles cualquier tipo de ayuda pública.
"Es intolerable esta situación y, peor aún, que el Gobierno no sepa definir cuánto les cuesta a los andaluces la ocupación ilegal de viviendas públicas. Exigimos al Gobierno que regularice de forma inmediata esta situación y emprenda un plan de vivienda social, perfectamente regulada, y permita a los más vulnerables tener acceso a una vivienda digna", ha aseverado.
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