Varios miembros de la junta de gobierno del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía encabezados por su decana, Eva Navarrete, se reunieron recientemente con la directora general de Comunicación Social de la Junta de Andalucía, Marta Olea, en un primer encuentro tras su nombramiento en 2019.
En esta presentación de la entidad, la decana puso sobre la mesa distintos temas que preocupan a la profesión entre los que se encuentra la inestabilidad laboral existente en la Junta de Andalucía y sobre todo en la Oficina de Comunicación, por no disponer de una mínima estructura que permita que los cambios de Gobierno se realicen con todas las garantías en materia de comunicación. Hay que recordar que a través del Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística, ratificado por el Parlamento de Andalucía, hay un compromiso de crear puestos específicos de técnico de comunicación, ya que en la actualidad, ante la ausencia de inclusión de ese puesto, se convocan puestos de técnico de documentación para labores que son propiamente periodísticas.
La directora se mostró sensible a esta propuesta, entendiendo que nuestra demanda es justa y necesaria. En este sentido, se comprometió, como su antecesor, y como hiciera también el director de Comunicación, Sebastián Torres, a interesarse por las gestiones realizadas en los respectivos ámbitos competenciales de Ana Vielba y Nuria Gómez, de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, sabiendo que la creación de una estructura mínima implica cambios de la Relación de Puestos de Trabajo y son cuestiones complejas que suelen alargarse en el tiempo.
Por otro lado, desde el CPPA hemos reiterado la preocupación por "la falta de transparencia en el gasto en publicidad institucional, sobre todo en referencia a los medios digitales". En el caso de lavozdelsur.es, y pese a los reiterados escritos y peticiones de reuniones, el Gobierno de PP y Cs en la Junta sigue sistemáticamente dejándole fuera de todas las campañas de publicidad institucional que pone en marcha la administración pública autonómica, un asunto para el que precisamente este periódico pidió amparo al Colegio de Periodistas de Andalucía, en cuyo Registro Oficial de Medios Digitales (Romda) figura como inscrito, y por el que ha empezado a estudiar el inicio de acciones judiciales dada la jurisprudencia que ya hay en España en casos similares de discriminación por línea editorial.
Sobre este punto, la decana adelantó a la directora que el Colegio ha recurrido ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos la respuesta a su petición de información sobre los medios que durante el último ejercicio recibieron ingresos por publicidad institucional con cargo a la partida presupuestaria que ella gestiona.
Romda, herramienta clave para la inversión publicitaria pública
Desde el CPPA le hemos pedido que se tenga en cuenta el Romda (Registro Oficial de Medios Digitales en Andalucía) o los requisitos de este registro para la inversión publicitaria. Desde el CPPA entendemos que los criterios de la Ley de Publicidad no son incompatibles con una inversión responsable, en la que se tengan en cuenta otros criterios más allá de la audiencia, criterios que además son acordes a principios básicos de transparencia y responsabilidad en la función informativa que han de cumplir los medios de comunicación y sus profesionales.. En este sentido, el CPPA se ha puesto a disposición de la Junta para colaborar en esta cuestión. "La directora se ha comprometido a estudiar la propuesta", han anunciado.
En referencia a también a este asunto, Marta Olea anunció que están trabajando en la definición de una línea de ayuda para aquellas experiencias mediáticas que favorezcan terminar con las fake news, una línea que no se espera hasta 2021. Argumentó que la Junta quiere contribuir a favorecer buenas prácticas en la difusión de la información, luchando contra las fake news que corren fundamentalmente por las redes.
Por último, el Colegio le ha mostrado su colaboración para cualquier asunto que ataña a la profesión y le ha solicitado también su intermediación en los conflictos, problemas o dudas que surgen, en ocasiones, con algunas consejerías de la Junta, por cuestiones referentes a la comunicación.