Las primeras multas en la historia de la ciudad de Cádiz para tratar de frenar un fenómeno de reciente aparición: la explotación de pisos turísticos que no reúnen los requisitos necesarios y la documentación exigida.
Las primeras sanciones concretas ya están firmadas y en fase de notificación. Son seis, dirigidas a propietarios de viviendas tantos de Extramuros como del casco antiguo, y se elevan a 10.000 euros cada una.
Es el anuncio realizado este viernes el alcalde de Cádiz, Bruno García de León, y el concejal de Urbanismo, José Manuel Cossi. Ambos recuerdan que el rango sancionador de la normativa municipal va desde los 3.000 a los 30.000 euros.
El buzón para denuncias ciudadanas ha recibido ya 56 avisos de los que 30 están bajo "investigación" y 13 han acabado en denuncia por ruidos o molestias
En esta primera tanda se ha optado por una cifra intermedia en el castigo, con el objetivo de dejar margen para multas más graves en caso de posible reincidencia o episodios con agravantes en el futuro.
Regidor y edil admiten la voluntad ejemplificadora de estas primeras multas. "Es un paso más restrictivo. Dijimos que íbamos a darlo y lo damos. Aprobamos la normativa hace apenas dos meses, a principios de julio, y ya están aquí las sanciones. Esperemos que sea un punto de partida", detalla García de León.
Estas seis multas iniciales son fruto de las 56 primeras denuncias contra pisos turísticos ilegales que maneja el Ayuntamiento de Cádiz gracias al buzón para recibir denuncias ciudadanas que se creó en los primeros días de este mes de julio, hace apenas seis semanas.
La administración municipal ha creado la figura de un inspector -no se descarta "un refuerzo" con un segundo funcionario en las próximas semanas- para comprobar una por una esas denuncias.
Hasta el momento, de los 56 avisos de pisos turísticos ilegales recibidos en el buzón ciudadano, además de las seis multas, otros 30 están "bajo investigación" y 13 han sido denunciados por exceso de ruido y molestias a los vecinos aunque sí reúnan todos los requisitos legales para la actividad de alquiler por días.
Los responsables municipales han pedido a los vecinos o colectivos que mandan sus denuncias a ese buzón público y anónimo que traten de aportar más documentación y datos que un simple "enlace al anuncio del alquiler en una red social o una web".
En estos últimos casos, que son numerosos según García y Cossi, la inspección municipal se complica y se ralentiza, aunque este aviso también sea un método válido a comprobar en cualquier caso, insisten desde el Ayuntamiento.
El rechazo administrativo paralelo
De forma paralela a la vía sancionadora, el alcalde y el delegado recordaron que sigue en marcha la campaña de requerimientos a la Junta de Andalucía para que ordene la baja en el registro de apartamentos turísticos de las viviendas que no reúnen los requisitos reglamentarios para iniciar esta actividad.
Hasta este 19 de agosto, fecha de la última baja decretada por la Junta de Andalucía, son 388 los pisos en la ciudad de Cádiz que han recibido la expulsión de la lista de apartamentos turísticos registrados oficialmente.
La Junta de Andalucía, desde el pasado 15 de agosto, ya realiza estas bajas de forma automática cuando el sistema encuentra incidencias, irregularidades u omisiones documentales, sin que sea necesario el aviso municipal como sucedía hasta esa fecha.
El alcalde de Cádiz admitió que este proceso de aviso a la Junta de posibles pisos turísticos irregulares, para ser dados de baja en el registro, comenzó con el gobierno municipal anterior, en octubre de 2022.
Eso sí, lanzó un pequeño reproche político a sus predecesores: "En un año hicieron una vez estos requerimientos a la Junta. Este nuevo gobierno municipal ha hecho ya varios durante su primer año de actividad municipal. Vamos acortando plazos, acelerando procesos para ser cada vez más restrictivos como dijimos que haríamos".
Con las primeras multas, el Ayuntamiento de Cádiz se suma a la línea de presión contra el exceso de apartamentos turísticos que han puesto en marcha ciudades como Sevilla y Málaga con distintas herramientas sancionadoras o intimidatorias contra los que inclumplen la normativa.
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