El Ayuntamiento de Cádiz se ha llevado un pequeño revés administrativo desde la Diputación Provincial. Apenas 300 metros separan ambas sedes, dirigidas además por representantes políticos del mismo partido, el PP, pero los técnicos e interventores no entienden de siglas. El pliego del servicio de ayuda a domicilio ha sido rechazado.
Para los responsables del equipo de gobierno municipal, la medida es injustificada, aunque previsible y reversible. El teniente de alcalde de Asuntos Sociales, Pablo Otero, afirma que la suspensión cautelar de la licitación desde el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación "es un procedimiento habitual cuando se presentan recursos".
El edil defiende que, desde su área, todo el trabajo que Diputación cuestiona está bien hecho: "Se ha entregado toda la información requerida, por lo que quedamos a la espera", en referencia a un posible levantamiento de la suspensión temporal y preventiva.
Eso sí, Otero ha mostrado por vía oficial su desacuerdo con la decisión: "Nos oponemos a la suspensión cautelar del servicio en tanto que entendemos que la licitación ha cursado de forma correcta y que las condiciones que presenta el pliego garantizan su viabilidad".
"Desde el gobierno municipal tenemos la convicción de que el pliego tiene la dotación económica suficiente", añade. Achaca al equipo predecesor, dirigido por José María González Kichi, que el actual se haya visto obligado a subir "el precio por hora del servicio se elevara en un 33%, con una dotación de más de 35 millones para los cuatro años, casi el doble" del pliego anterior.
Otero, también en disputas partidistas, lamenta "esperpento" de Adelante Izquierda Gaditana al criticar un pliego que "supera con creces al que ellos querían" y denuncia "incoherencia" del grupo de la oposición al criticar el nuevo pliego "que mejora el servicio y las condiciones de las trabajadoras de Ayudas a Domicilio", hasta ahora "en condiciones indignas".
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