La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha escenificado en la mañana de este martes una denuncia por lo que considera "reiterada politica de especulación con el suelo público en Cádiz por parte de la Junta de Andalucía, especialmente, Gobierno y Ayuntamiento de Cádiz".
El acto de protesta ha consistido en la colocación de una pancarta en la valla que separa uno de los últimos solares de titularidad pública vendido a empresas privadas. Es el solar ubicado en la avenida Ronda de Vigilancia, entre el polígono exterior de Zona Franca y la plaza de la Aviación, entre los barrios de Loreto y Puntales.
Este espacio -que durante dos décadas ha estado destinada a un albergue juvenil programado en vano dentro de los planes urbanísticos municipales- tiene ahora la función de aparcamiento improvisado y sin control, como el solar destinado al nuevo hospital Puerta del Mar, distante apenas 200 metros.
"La Junta de Andalucía especula con este suelo público. Exigimos vivienda pública para alquiler social" reza en la pancarta colocada ante este terreno que, para Apdha representa el último episodio de una tendencia preocupante.
"Cuando concluyan las obras de la segunda fase de Matadero, habrán pasado más de 13 años desde la última vez que la Junta entregó alguna vivienda nueva en la ciudad", recuerda el portavoz Rafael Lara.
"Esta parcela situada en la avenida de Ronda de Vigilancia ha sido vendida por la Junta de Andalucía a una empresa privada para obtener beneficios, aunque sea a costa de acabar con la posibilidad de contar con 212 viviendas de parque público para el alquiler social y asequible", detalla.
Lara afirma que la Junta "va a obtener más de seis millones de euros para viviendas privadas, de protección oficial en venta, y de precio limitado. Esto quiere decir que tendrán precios similares a los del mercado libre y con una protección de apenas siete años, periodo tras el cual cesarán las limitaciones y volverán a estar sujetas a la especulación, la subida de precios o al uso turístico".
"Las 212 viviendas que se anuncian tendrán precios similares a los del mercado libre con una protección de apenas siete años, después volverán a la subida de precios o al uso turístico"
"La Junta se convierte así en un especulador más que, en vez de aportar soluciones a las necesidades de vivienda, se lucra y contribuye a la selva en que se ha convertido el mercado de la vivienda en la ciudad de Cádiz".
Los convocantes extienden su acusación al Ayuntamiento gaditano al entender que han actuado de la misma manera "en el caso de las casitas bajas, en el solar del cruce de las avenidas de la Sanidad Pública y de Huelva" o al Gobierno, a través de Zona Franca, en el caso del solar de la antigua factoría de Navalips.
Derechos Humanos afirma que la mayor parte de los más de 6.000 demandantes de vivienda protegida en la ciudad solo pueden optar al régimen de alquiler puesto que el acceso a una hipoteca es imposible para la mayor parte de la ciudadanía, especialmente en el caso de los jóvenes.
"Dados los elevados precios con los que van a salir a la venta las de VPO en la avenida Ronda de Vigilancia, es probable que ni siquiera se encuentren en el registro actual 212 compradores que cumplan el requisito de ingresos además de contar con elevados ahorros y financiación bancaria para efectuar esta compra. Habrá que buscar nuevos demandantes y podrán proceder de otras ciudades", advierte Rafael Lara.
"Este tipo de política de venta de suelo ha sido descartada con insistencia por los organismos europeos y por los propios planes de vivienda tanto nacional como autonómico, los cuales abogan por elevar el número de viviendas en alquiler sociales y asequibles para dar respuesta a la situación de emergencia habitacional".
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