La ciudad de Cádiz, con 114.244 habitantes en diciembre de 2021, sigue perdiendo población y se acerca peligrosamente a la frontera de los cien mil que puede complicar su gobernabilidad, ya que perdería parte del tratamiento especial y de los ingresos extras que viene recibiendo por parte del Estado.
Un estudio sociodemográfico del municipio de Cádiz encargado por Procasa ha revelado un cambio en la tendencia de las migraciones, predominando desde 2016 la pérdida poblacional asociada al saldo natural vegetativo (más defunciones que nacimientos), y no a los movimientos migratorios, ya que mientras que las inmigraciones al término municipal se mantienen, la emigración desciende en la última década.
Según recoge el estudio, la pérdida de población en Cádiz capital se inicia a partir de los años 80, habiendo perdido desde 1981 a la actualidad unos 40.000 habitantes. La mayor salida de población se produce durante la década de los 90 (20.000 efectivos). En las siguientes décadas, Cádiz es la capital de provincia española que más población ha perdido, tanto en términos absolutos como relativos (desde 2001 unos 20.000 habitantes).
El crecimiento natural o vegetativo (diferencia entre nacimientos y defunciones) comienza en Cádiz capital en 1994, aunque es algo que se da de forma general en todo el país. La tasa de natalidad es en la actualidad la más baja de todas las capitales de provincia españolas. El progresivo descenso del número de nacimientos se debe tanto a que las mujeres tienen cada vez menos hijos como a un decrecimiento en la población de mujeres en edad fértil. Por otro lado, la tasa de mortalidad es de las más altas del país, habiendo sufrido un incremento del 40% desde 2006.
En este sentido, el estudio determina que la evolución de la población, así como los fenómenos demográficos de natalidad, fertilidad y mortalidad, comparte en Cádiz similitudes con las capitales de provincia de la España vaciada.
Respecto a los movimientos migratorios en Cádiz capital, la década de los 90 destaca por una alta emigración y una baja inmigración. En la década siguiente se produjo una subida proporcional de ambos fenómenos, mientras que en la década de 2011 a 2020 desciende la emigración y la inmigración mantiene sus cifras.
La mitad de la emigración se produce hacia la aglomeración urbana de la Bahía de Cádiz-Jerez, que se mantiene como principal destino en toda la serie, si bien pierde peso relativo desde la década de los 90, mientras que el resto de destinos nacionales se mantienen estables e irrumpe en la última década el destino extranjero. El histórico municipio receptor de San Fernando, así como Puerto Real, van cediendo protagonismo a favor de Chiclana.
De igual modo, Cádiz recibe la inmigración principalmente de la Bahía de Cádiz-Jerez, y existe en la capital un alto porcentaje de inmigrantes nacidos en la capital, es decir, de emigrantes retornados, si bien este dato pierde peso relativo desde mediados de la pasada década, yendo en aumento los procedentes del extranjero.
La tendencia de estos últimos 40 años provocará que el crecimiento vegetativo negativo y la pérdida de población asociada a este origen siga aumentando en años venideros.
Según ha explicado la concejala de Vivienda, Eva Tubío, el estudio queda por completarse con el análisis del parque de viviendas, ya que mientras Cádiz perdía población en estos 40 años se ha duplicado prácticamente el número de viviendas, casi en su totalidad privadas. “Todo ello da cuenta de la evolución a nuevas formas de vida con mejores condiciones y menos hacinamiento, pero también de la gentrificación que venimos padeciendo y el uso distinto del residencial que se le pueda estar dando a las viviendas, muchas de ellas a día de hoy vacías o destinadas al alquiler turístico o estacional”, ha señalado.
Finalmente, ha subrayado que el objetivo del estudio es analizar posibles nuevos suelos para vivienda residencial y pública que permitan vivir en la ciudad a sus residentes habituales, y reclamar al mismo tiempo medidas al Gobierno central para la regulación de los precios del alquiler y la penalización de la vivienda vacía.
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