El caso de Susana Carmona, y su hija de diez años, desahuciadas de su piso en la calle Suárez de Salazar 11 de Cádiz hace coincidir dos de los conflictos sociales más extendidos en la ciudad. Uno parece antiguo y el otro novedoso pero coinciden en el tiempo. Son la infravivienda y la pobreza laboral.
El primero, la vivienda indigna, parece sonar a pasado. Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Cádiz se pusieron de acuerdo, de forma insólita, en la primera década del siglo XXI para impulsar, financiar, agilizar y culminar la reforma de varias decenas de fincas en deplorables condiciones en barrios como el de Susana, Santa María. Parecía una demanda resuelta. Sin embargo, aún quedan demasiados edificios vetustos y ruinosos en estas zonas. Este episodio lo demuestra.
En segundo término, la pobreza laboral impide a la afectada buscar alternativas, otro piso de alquiler. Limpiadora de colegios públicos (Campo del Sur y San Felipe Neri), su sueldo de 900 euros le impide cerrar un arrendamiento en el mercado libre. La gran mayoría exige avales de imposible resolución y supera los 700 euros: "Es casi el 90% de mi sueldo, no puedo dejar a mi hija sin comer, tengo que pagar la luz, el agua...". Al tener trabajo y salario estable, además de su actual situación como inquilina, queda fuera de numerosas ayudas públicas, como el pago de suministros o la recepción de subsidios. Incumple los requisitos porque es pobre en la vida real pero no en la administrativa. Para las instituciones figura como una asalariada que vive de alquiler y no necesita auxilio.
Un año y medio de lucha y espera
El conflicto que ha provocado que este martes 16 de mayo recogiera sus enseres y los agrupara en el patio, a la espera del desahucio anunciado, se agravó hace año y medio. En diciembre de 2021 "se cayó una cornisa de la cocina" y fue el colmo. La vivienda ya tenía "agujeros" por caída de cascotes y "grietas", "manchas de humedad por todas partes" y goteras que han tenido que contener con paraguas en el suelo. Varios de los incidentes fueron confirmados incluso con presencia policial, los desperfectos nunca han sido resueltos por la propiedad.
"Por más que hemos pedido y pedido ayuda, que hemos dado avisos, nada de nada". La finca de Suárez de Salazar 11 entera es un ejemplo vigente de infravivienda. Por fisuras y orificios entran "todo tipo de bichos, cucarachas como caballos y el local de la planta baja, cerrado hace 18 años, está lleno de ratas". Los desconchones y los huecos son visibles en pasillos y escaleras. La situación se agrava según se acerca el observador a la azotea. También se acumulan en las habitaciones del piso del que ahora expulsan a Susana Carmona, en el piso ubicado como 3ºA.
"No puedo pagar por un piso en el que no se puede vivir porque no lo quieren arreglar. Mi hija está en tratamiento por los efectos de las humedades"
Esta situación de deterioro y falta de reparaciones llevó a la desahuciada a dejar de pagar el alquiler de 350 euros mensuales: "Si a los demás no les duele el dinero, a mí sí. No puedo pagar por un piso en el que no se puede vivir porque no lo quieren arreglar. Mi hija está en tratamiento por los efectos que le provocan las humedades". La propiedad, según la versión de la afectada, no ha querido saber nada de reparaciones, mantenimiento ni compensaciones durante más de tres años. Cuando el impago del alquiler ha cumplido 18 meses ha llegado la orden de desahucio.
El desahucio tenía que ejecutarse este martes 16 de mayo pero funcionarios y policías no llegaron a la hora anunciada, las diez de la mañana: "Dicen que hay mucho lío y retraso con las huelgas de funcionarios. Pero yo no puedo quedarme así, con las cosas en el patio a ver si vienen o no vienen". Entre la oscuridad del patio y la grisura de la finca resaltan, como la niña de rojo en La lista de Schindler, tres rosas imponentes, perfectamente envueltas y recién florecidas.
Las alternativas, pocas y frustrantes
El destino de Susana Carmona y su hija es una pensión en la calle Soledad de Cádiz, muy próxima al Gran Teatro Falla. Allí habrá de pernoctar y vivir con su hija "pero la niña tiene miedo, necesita atención psicológica, no quiere ir". Por ahora, no hay alternativa. La desahuciada lamenta lo que considera falta de ayuda y respuesta por parte de la administración municipal: "En Procasa me dicen que busque algo. El alcalde me dijo que hay más de 4.000 solicitantes de vivienda pública y que hasta con mil euros podrían ayudarme con un arrendamiento. Pero esas mensualidades para el alquiler luego se retrasan, tardan la vida, y te quedas desamparado. Cuando se acaba el periodo de ayuda, además, no puedes afrontar sola lo que te cuesta ese piso al mes. Sólo me dicen que busque y busque, pero no hay nada que pueda pagar. Otra solución que me dan es que me vaya a San Fernando. Solo pido una vivienda digna que pueda pagar".
Mientras espera la solución queda la resolución. El desahucio es cuestión de horas. Hasta diez personas, amigos, vecinos y compañeras de trabajo han acudido a acompañar a Susana Carmona en un trance que finalmente no se ha producido, que se ha aplazado. Quizás al miércoles, o al jueves, la huelga dirá. Los reunidos alternan debate decepcionado por la falta de ayuda con momentos de lágrimas, emoción y desesperación de la afectada.
El corro pasa la mañana ante la finca ruinosa de Suárez de Salazar 11 y la expulsada tiene el uniforme de trabajo puesto. Dos símbolos de dos conflictos muy presentes en los barrios más populares de Cádiz: infravivienda y pobreza laboral.
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