El conflicto de los vecinos del Cerro del Moro, en Cádiz, llegará hasta la Unión Europea a través de la voz de la diputada y ex ministra Irene Montero. Es el compromiso al que han llegado este lunes representantes de los afectados y de Adelante Andalucía.
El portavoz parlamentario de la formación, José Ignacio García, junto al portavoz de Adelante Andalucía Izquierda Gaditana, David de la Cruz, y la concejala Helena Fernández, se han sentado con la plataforma de residentes para elevar su problemática hasta instancias superiores, primero el Parlamento de Andalucía, este jueves, y luego al europeo.
El desencuentro nace, según, Adelante, en el "nuevo giro de guión de la Junta que pretende incumplir su compromiso inicial de rehabilitar las viviendas que llevan esperando hace más de 30 años".
García pretende exponer la situación a la consejera de Vivienda, Rocío Díaz, por la "grave situación de indefensión" que viven los vecinos a los que "la Junta está obligando a malvender sus viviendas para que no se les caiga la casa encima".
El portavoz acusa a la consejera de Vivienda de "chantajear a los vecinos" y "hacer el papel de asustaviejas, el que hacen los grandes fondos de inversión y tenedores, intimidando a vecinos en riesgo de exclusión para que se vayan de sus casas o se les cae encima".
Adelante Andalucía acusa a la Junta de "hacer el papel de asustaviejas, el que hacen los grandes fondos de inversión"
"Este chantaje es una barbaridad viniendo además del partido defensor de la propiedad privada, y todo por no querer asumir el coste de tres millones de euros en arreglar las viviendas, que es lo que se gasta el Gobierno de Juanma Moreno en dos años en pagarle ayudas de alquiler a sus altos cargos", añade García.
David de la Cruz acusa a la Junta de Andalucía de "actuar más como una inmobiliaria especulativa que como una administración pública para la ciudadanía", por lo que "exigiremos a la Junta que dé marcha atrás y renuncie, si es necesario, a la subvención europea, acometa la obra y devuelva a los vecinos sus viviendas en las condiciones comprometidas inicialmente con el barrio y que les llevó a comprar como condición obligatoria sus actuales viviendas en ruina técnica".
El portavoz municipal denuncia que "los vecinos no pueden quedarse sin propiedad tras sufrir durante años sus infraviviendas y la dejación del barrio", recordando a su vez que "este mismo año han sufrido el cierre del colegio Adolfo de Castro, el cierre por varios meses del comedor social Amigas al Sur, del que depende un centenar de familias, y ahora ven peligrar el mantenimiento de sus viviendas que compraron con mucho sacrificio".