Malestar e indignación entre los familiares de diez víctimas de la represión franquista que han sido exhumadas de la fosa común número 17 del Barranco de Víznar, en Granada.
El equipo que trabaja en los trabajos de identificación ha denunciado el robo de un maxilar con al menos ocho dientes de oro que se encontraba en la fosa de estos represaliados con disparos en la cabeza y las manos atadas a la espalda. A diferencia de otras fosas comunes que se encuentran en cementerios o espacios cerrados, estas están al aire libre en este paraje.
Según recoge Europa Press, cuando esta mañana el equipo ha regresado al lugar tras el fin de semana ha encontrado alterado todo el perimetraje de seguridad que colocan en torno a las fosas cada viernes y al entrar han comprobado que la fosa número 17 ha sido profanada y que en uno de los individuos faltaba el maxilar y la mandíbula con varios dientes de oro, hechos que ya han denunciado ante la Guardia Civil.
Francisco de Asís Carrión Jiménez, sociólogo del proyecto 'Barranco de Víznar. Lugar de Memoria', ha recordado que se trata de la tercera agresión en el barranco, tras la sustracción de material en la pasada campaña; el ataque a un familiar que visitaba las fosas hace unos meses y ahora este robo. Por esta razón, el equipo reclama a las instituciones competentes que activen las medidas de seguridad necesarias para que no se vuelva a repetir.
Este robo ha generado "tristeza, indignación y sentimiento de vulnerabilidad" en los familiares de las víctimas, y perjudica en gran medida las labores de identificación, pues los ladrones se han llevado una parte fundamental que suele usarse en este proceso como son las piezas dentales.
Tanto los familiares de las víctimas como los expertos que trabajan en las fosas del barranco de Víznar censuran esta "ausencia de protección" en un enclave en el que la Fiscalía investiga ya como posibles delitos de lesa humanidad el fusilamiento de 49 personas cuyos restos fueron exhumados entre 2021 y 2022.
"Nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber de investigación y divulgación, pero las instituciones y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tiene que asumir esa protección", relata el experto.