Antonio lleva cinco años parado, tres sin recibir prestación. Por eso cuando lo llamaron del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para citarlo a una entrevista para cubrir el puesto de jefe de presa en Arcos estaba "como loco", ya que para él "ir a una entrevista es ya un éxito". La persona que ocupa ese puesto solicitó la jubilación parcial y buscaban a un trabajador a media jornada que cubra el puesto hasta que el actual cumpla la edad. Con toda la documentación que le pidieron, Antonio se presentó en Cádiz, pasó el corte y poco después comenzó a trabajar.
Pero al tercer día todo se torció. Recibió una llamada de Recursos Humanos para preguntarle si tenía el FP de Reforma y mantenimiento de edificios y al responder que no, acto seguido le rescindieron el contrato, que en esos momentos estaba en periodo de pruebas. Antonio Soto no tiene este FP, pero es ingeniero técnico industrial, tiene un máster en gestión integrada de calidad y medio ambiente, un experto universitario en auditorías medioambientales, es técnico superior en prevención de riesgos laborales y ha realizado todo tipo de cursos, desde montador de aeronaves hasta formador ocupacional.
Más de 5.000 horas de formación acumula durante el tiempo que ha estado en paro. Pero cuando el contrato de Antonio llegó a la dirección general de Recursos Humanos y Función Pública de la Junta paralizaron los trámites. ¿La razón? Un convenio suscrito por la Junta y sindicatos que establece que las personas que accedan a esa categoría laboral deben tener esta titulación. Desde la Consejería de Medio Ambiente aseguran que están realizando gestiones para intentar modificar este requisito, ya que el convenio "no recoge la peculiaridad de las infraestructuras hidráulicas". Varios sindicatos enterados del caso (CCOO, CSIF, CTA, UGT y USO) ya han pedido la readmisión de Antonio tanto al delegado territorial de la Consejería de Medio Ambiente, Federico Fernández; como al delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil; así como a la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, María Jesús Montero; y a la presidenta de la Junta, Susana Díaz.
También ha recurrido al Defensor del Pueblo Andaluz. Ya no sabe qué más hacer. "Me han quitado la esperanza", dice, ya que cuando lo llamaron "era como si me hubiera tocado la Lotería". Y eso que al ser un trabajo a media jornada, el sueldo era de unos 800 euros. "Para mí 800 euros es una fortuna... como si me hubieran dicho 500, también me voy. Cualquier cosa que sea más que cero, porque ahora no tengo ingresos". Él y su mujer subsisten con el sueldo de ella, que trabaja a media jornada como teleoperadora contratada por una ETT. Con dos carreras (Empresariales y Publicidad y Relaciones Públicas) y un máster, lo que gana les da para pagar la hipoteca y comer. "Si tuviera un trabajo podríamos tener más estabilidad, porque a ella en cualquier momento le pueden decir que mañana no vaya". Poco antes de recibir la llamada del SAE, Antonio se estuvo planteando seriamente coger las maletas e irse del país. "He estado estudiando inglés y hasta mandé el currículum a varias empresas de Inglaterra", reconoce. Y puede que ahora se lo vuelva a replantear.