El Circuito de Jerez-Ángel Nieto, a través de la empresa pública Cirjesa —coparticipada por Ayuntamiento de Jerez y Junta de Andalucía, tendrá que ir a juicio civil por no haber reembolsado, casi tres años después, el dinero de las entradas del MotoGP de 2020, cancelado por la pandemia de covid.
Según ha podido saber lavozdelsur.es, las cantidades adeudadas son de unos 29.000 euros y el número de afectados que consta en la denuncia asciende a 80 aficionados de todas partes de España. "Fuera de la denuncia hay más gente —en principio, se habló de unos 270 aficionados—, y pueden ser facilmente unos 7.000 euros más aproximadamente que no se han devuelto a quienes pagaron a cambio de nada", recogen las fuentes consultadas de una causa civil que defiende la abogada malagueña Isabel Zotano, y cuya vista estaba prevista para marzo, pero finalmente no se celebrará hasta junio próximo.
lavozdelsur.es preguntó en su día a Cirjesa, empresa pública coparticipada por Ayuntamiento de Jerez y Junta de Andalucía, por este asunto y la respuesta fue que “el problema es mínimo, ya que se vendieron 36.000 entradas en venta anticipada y aquí se habla de unas 300. Todas las entradas vendidas directamente se han devuelto, el 95%. Pero hay entradas que se han comprado por agencias que aún se están devolviendo y otras que se han vendido a compradores que luego han revendido por internet de forma ilegal”. En relación a estas agencias, fue la empresa catalana Tictactickets la que gestionó la mayoría de estas entradas que aún se adeudan, llegando incluso a ser detenido su administrador único el pasado abril, coincidiendo con el último MotoGP. Fue éste quien acusó a Cirjesa de una "desastrosa gestión" con las entradas, tanto con las devoluciones del evento cancelado en 2020 como las de la pasada edición.
Meses después de la detención y declaración ante la Guardia Civil, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Jerez archivaba la denuncia penal contra el administrador de dicha web al no apreciar "ánimo de lucro, ni los elementos necesarios para imputar un delito de estafa". Pese a que sí exige una "reparación económica" para los afectados, el auto judicial asegura que, "de lo recogido en el atestado, se desprende que la empresa no ha sabido gestionar adecuadamente con sus clientes la devolución de los importes o el canje por entradas nuevas, habiéndose visto desabordada por la multitud de reclamaciones. Se pone de manifiesto en el atestado que está empresa venía trabajando en años anteriores en la venta de entradas para eventos deportivos y de otro tipo sin que nunca hubiera tenido problemas en la gestión de su actividad". Es por ello, añade el auto, "que como bien señala el Ministerio Público, no puede hablarse de la realización por el investigado de un plan urdido para obtener un lucro engañando a los compradores".
La actuación ha dado lugar a un perjuicio económico para los compradores que debe ser reparado en vía civil, "ya que estaríamos más bien ante un incumplimiento contractual que evidentemente debe dar derecho a una reparación económica".
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