La Diputación de Cádiz tramitará los expedientes sancionadores por infracciones de hasta 23 normativas de Jerez, según el convenio suscrito entre la institución provincial y el Ayuntamiento jerezano, un acuerdo ratificado por el pleno con los votos favorables de toda la Corporación, excepto del PP. Las multas que se impongan durante los dos próximos años por el incumplimiento de las normativas de protección de animales, de tenencia de animales potencialmente peligrosos, de comercio ambulante, de ruido, de espectáculos públicos y actividades recreativas, de protección del medio ambiente, la reguladora de la instalación de terraza de veladores, la de utilización de instalaciones deportivas municipales o la reguladora del procedimiento para la apertura de actividades, entre otras, serán tramitadas a partir de ahora por Diputación.
El gobierno local justifica esta medida en la “falta de funcionarios municipales” disponibles para gestionar estos expedientes sancionadores. El teniente de alcaldesa de Hacienda, Santiago Galván, sostiene que “ante la regularización que estamos realizando —el Ayuntamiento ha convocado oposiciones 30 años después de la última vez—, en un plazo de dos años podríamos contar con esos funcionarios en el Ayuntamiento”. Ese es el plazo que establece el convenio firmado con la institución provincial. Esta encomienda, asegura Galván, “no supone cesión de la titularidad de la competencia”.
La oposición al completo, excepto el Partido Popular, apoya esta encomienda. “Ahora mismo somos incapaces de tramitar esos expedientes”, señala Raúl Ruiz-Berdejo, portavoz de IU, quien considera que “nos puede costar dinero seguir en esta situación, y nos va a costar porque Diputación se va a llevar un pico”. Concretamente, el convenio recoge que la institución provincial cobrará nueve euros por cada expediente abierto que finalice con la imposición de una sanción, el 20% de los ingresos obtenidos por los cobros voluntarios y el importe íntegro de los recargos y los intereses de demora que puedan acarrear las posibles sanciones.
El PP, sin embargo, se muestra "radicalmente en contra" de esta encomienda. "Somos la primera ciudad de la provincia, la quinta de Andalucía y estamos entre las 25 más importantes de España, se nos llena la boca diciendo que Jerez tiene que ser tratada como capital, y el Ayuntamiento la trata como un pueblo", expone Antonio Saldaña, portavoz popular, quien señala que los técnicos municipales están en condiciones de asumir estas labores. El teniente de alcaldesa Santiago Galván critica su "amnesia selectiva", porque critica que el PP "firmó en 2012 un convenio con Diputación en el que cedieron todo por diez años menos el IAE (Impuesto de Actividades Económicas) y la plusvalía".
El gobierno local defiende que tiene un informe de Recursos Humanos que asegura que "sólo siete funcionarios son licenciados en Derecho, por lo que no tenemos suficientes recursos humanos para atender los expedientes sancionadores", por lo que con esta medida prevé aumentar la recaudación en unos dos millones de euros. El convenio recoge que, ante las "dificultades técnicas" que presenta el Ayuntamiento de Jerez para llevar a cabo estos procedimientos, "resulta aconsejable recurrir a entidades que por su experiencia en la realización de dichas actividades o por contar con una infraestructura más adecuada y capacitada para su organización, estén en disposición de poder asumir dicha organización".
Diputación también tramitará los expedientes sancionadores por el incumplimiento de la Ley de protección de la seguridad ciudadana, la Ley de ordenación de los transportes urbanos y metropolitanos de viajeros de Andalucía, la Ley sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía, la Ley de defensa y protección de los consumidores y usuarios de Andalucía, la normativa reguladora del servicio urbano de transportes en automóviles ligeros, la normativa sobre zonas verdes y gestión y protección del arbolado, la normativa sobre publicidad exterior, la normativa reguladora de la Feria del Caballo, la normativa sobre el servicio turístico de coches de caballos, la normativa sobre Policía y buen Gobierno, la normativa sobre el comercio ambulante en el término municipal de Jerez y las infracciones al reglamento de servicio de mercados minoristas.
Eliminación de siete bonificaciones "ilegales" de ordenanzas fiscales
El pleno de mayo también sirve para aprobar la modificación de siete ordenanzas fiscales, la que regula la tasa por la actuación municipal de control previo o posterior al inicio de aperturas de actividades de servicios; la de aprovechamiento de la vía pública con entradas de vehículos a través de la acera (vados); la de ocupación y aprovechamiento de terrenos de dominio público para el ejercicio de la venta ambulante, industrias callejeras y actividades diversas; la que rige la ocupación de terrenos de uso público local con andamios, vallas, materiales de construcción y mercancías; la de ocupación de terrenos de uso público con puestos, barracas, casetas de ventas, actividades recreativas y espectáculos públicos; y la de utilización privativa y aprovechamientos especiales constituidos en infraestructuras subterráneas que forman parte de la reserva municipal.
El teniente de alcaldesa responsable de Economía, Santiago Galván, agradece “el apoyo responsable de los grupos que van a respaldar las ordenanzas. No me voy a extrañar de que el grupo popular no apoye la ley. Las ordenanzas se modifican porque son ilegales y hay mucha jurisprudencia al respecto, estamos obligados a quitar esas bonificaciones". Galván añade que "el PP dice que sabe que es ilegal, pero reconoce que le da igual, es decir, en la misma sintonía que su partido a nivel nacional. Van a votar en contra de eliminar algo que es ilegal, son alumnos aventajados del señor Montoro”.