Diez años después —14 de abril de 2010— de que diferentes organizaciones de Argentina y España, junto a víctimas del franquismo y al premio Nobel de La Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaran en los tribunales de Buenos Aires una querella para que se iniciase una investigación sobre el genocidio y los crímenes de lesa humanidad contra miles de personas durante la Guerra Civil y la posterior represión del régimen, el Ayuntamiento de Jerez se ha comprometido en pleno a adherirse a la misma. El camino para buscar "justicia y reparación" para los cientos de vecinos y vecinas que fueron asesinados en el municipio durante y tras el Golpe no ha sido sencillo. Pero la sangría que sufrieron cientos de jerezanos y jerezanos merecía al menos el gesto.
Un documento de 1940, rescatado por el historiador Jesús Caballero Ragel, cifra la represión franquista en Jerez en 3.000 asesinados, cuando se creía que las víctimas superaban el millar. Más al contrario, la publicación España Democrática ponía a Jerez como paradigma sistémico de la represión, contando incluso con campos de concentración como el Cortijo de Vicos. La conocida como querella argentina, a la que se han ido adhiriendo en estos años ayuntamientos como el de Pamplona, Zaragoza, Vitoria o Cádiz (en agosto de 2016) o la propia Junta de Andalucía, abrió una investigación en aplicación del principio de jurisdicción universal y es la única abierta en todo el mundo por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la posterior dictadura de Franco. Son crímenes de lesa humanidad y, por tanto, no prescriben.
Desde ese contundente argumento, reza el ruego que ha vuelto a presentar Adelante Jerez en el último pleno municipal, al que ha accedido lavozdelsur.es, la jueza argentina María Servini de Cubria, tras llevar a cabo una profunda investigación, dictó una orden de detención contra cuatro torturadores al servicio de la dictadura franquista. Su auto relata y argumenta con contundencia la actividad represiva del régimen y explica someramente por qué la justicia argentina es competente para la instrucción en torno a estos crímenes. Sin embargo, desde el momento en el que los tribunales bonaerenses aceptaron el caso, el Gobierno de España no ha hecho más que poner trabas, "bloqueando la posibilidad de que las víctimas pudieran declarar mediante videoconferencia y negando la extradición de hasta 19 acusados de cometer crímenes de derecho internacional durante la Guerra Civil y el franquismo".
"Es una propuesta que presentamos hace unos años, tanto IU y Ganemos a instancias de la plataforma por la memoria democrática de Jerez, y entonces nos la convirtieron en ruego, no mostraron interés, pero no hemos dejado de insistirles", ha asegurado a este medio el portavoz de Adelante Jerez (la coalición que mantienen en Jerez Podemos e IU), Raúl Ruiz-Berdejo. En el último pleno, añade, "volvimos a presentar el ruego, y ahora el gobierno local (PSOE) nos ha confirmado que va a dar las instrucciones necesarias al gabinete jurídico para cursar la querella: es de justicia y un ayuntamiento como el nuestro, democrático, tenía que hacerlo".
Una cata realizada en el parque Scout, zona donde deben localizarse fosas con represaliados del franquismo. FOTO: MANU GARCÍA
El ruego, básicamente, demanda que "el Ayuntamiento de Jerez interponga querella criminal ante los juzgados de instrucción de la ciudad a los efectos de iniciar una investigación por crímenes contra la humanidad cometidos desde el 17 de julio de 1936, fecha del Golpe, y durante la dictadura franquista en la ciudad". De esta manera, el objetivo, reza el documento, es que "puedan conocerse las circunstancias en que fueron perpetrados, quiénes fueron sus responsables, y en su caso, se proceda a la imputación y procesamiento, previa a condena, de los responsables, dando traslado de este acuerdo al Juzgado Nacional de lo Criminal y Corrección Federal número 1 de Buenos Aires (República Argentina), querella 4591/2010.
Organizaciones de memorialistas de la ciudad llevan años insistiendo en la necesidad no solo de adherirse a la llamada querella argentina contra los crímenes del franquismo, sino también a cumplir con la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, que por ejemplo exige la retirada de honores y distinciones a personas relacionadas con la dictadura y la represión, o los vestigios franquistas de la vía pública del municipio.
"Se trata de cumplir la ley, que para eso estamos en un ayuntamiento", insiste Ruiz-Berdejo, que considera imprescindible "dar más pasos mucho más rápido que los que se han dado hasta ahora", ya que "aunque es justo reconocer que se han producido avances en los últimos tiempo —retiradas de algunos honores municipales, catas para hallar restos de asesinados, entre otras cuestiones—, hay que hacer mucho más: "No es una cuestión menor, la justicia para los familiares de aquellos que fueron represaliados no debe ser una cuestión secundaria", ha recalcado. Precisamente, hace solo unas semanas, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maetzu, se hacía eco de una queja interpuesta por el grupo de memorialistas de Jerez, con su presidente Cristóbal Orellana, a la cabeza, que entre otras cosas persigue un nuevo impulso al cumplimiento de las leyes estatales y autonómica de Memoria Histórica y la adhesión del Consistorio a la querella argentina. "No podemos dejarnos ir, ahora nos aseguraremos de que se presenta la querella", asevera el portavoz de Adelante.
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