Ganemos e IU abanderan una propuesta conjunta para solicitar a La Caixa que frene "el cierre anunciado y garantizar que estas sucursales seguirán operativas a pleno rendimiento”.
Torrecera, El Torno y San Isidro “tienen suficiente potencial como para absorber los costos de funcionamiento” de los cajeros que hasta ahora funcionaban en las tres pedanías y que desde hace unas semanas han visto reducido su servicio a dos jornadas semanales. Es lo que reclama la FEEM (Federación Española de Entidades Locales Menores), que pide “mantener la prestación de los servicios al máximo nivel, sin mermas de ningún tipo”.
Por eso ahora, Ganemos e IU llevarán al pleno de Diputación una propuesta conjunta para intentar conseguir el apoyo del resto de grupos y se inicien los contactos con CaixaBank, el Comisario Europeo de Economía, el Gobernador del Banco de España y la Asociación Española de la Banca de cara a “frenar el cierre anunciado y garantizar que estas sucursales seguirán operativas a pleno rendimiento”.
Desde que se anunció el cierre parcial de las oficinas se han organizado varias manifestaciones para manifestar la disconformidad de los vecinos con esta medida. “En este contexto existe verdadero riesgo de que los habitantes de pequeños núcleos de población sufran lo que se conoce como exclusión financiera territorial o geográfica, lo que les obligaría a desplazarse hasta núcleos más grandes para hacer gestiones tan rutinarias como abrir una cuenta corriente o renovar una tarjeta”, sostienen desde Ganemos e IU.
Las formaciones entienden que “muchas operaciones tradicionales se han derivado hacia la banca electrónica, accesible desde internet o los teléfonos móviles. Sin embargo, estas nuevas tecnologías no están al alcance de los grupos susceptibles de quedar en situación de exclusión financiera, como son las personas de mayor edad, habitantes de zonas rurales sin cobertura suficiente de las nuevas tecnologías o grupos más desfavorecidos económicamente que no pueden costearse la compra y uso de estos dispositivos”.
Ambas formaciones entienden que las instituciones deben velar por la población de las ELA y no permitir que una entidad con un beneficio neto de 814 millones de euros deje sin servicio a la zona rural, precisamente uno de los sectores más vulnerables, y que demanda de una función social que desde que las cajas de ahorro pasaron a los bancos está mermando cada año, informan en una nota de prensa remitida a los medios.
“La Caixa debería tener en cuenta que precisamente ha sido la ciudadanía quien le ha rescatado económicamente varias veces y que tiene por ello una deuda pendiente con la gente, que si quiere cumplir con su función social debe permanecer en los territorios donde da un servicio único a personas en situación de vulnerabilidad social”, señala la nota.
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