El presidente de asociación de empresarios de la Costa de Cádiz confía en que la Junta apruebe la documentación remitida para evitar "tener que desmontar todo el 30 de noviembre". Un empresario gaditano pone una denuncia en Fiscalía basándose "en una normativa obsoleta".
Romper con la estacionalidad de los negocios playeros. Esa es una de las máximas de Miguel Ángel Sánchez desde que en el pasado mes de marzo se hiciera con la presidencia de Aecca (Asociación de Empresarios de Costa de Cádiz). Para ello, ha tenido que batallar por los intereses de todos los chiringuitos de la ciudad ante el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Con el Consistorio reconoce tener "muy buena relación, puesto que este es un proceso complejo, aunque deberíamos haber empezado a hacerlo bastante antes". Lo de la Junta ya es otra cosa.
Sin embargo, ahora depende que la Administración autonómica acepte toda la documentación que ha requerido —y que ya ha sido enviada desde el Ayuntamiento— para "darnos la concesión a nosotros, de forma que ya negociemos los chiringuitos directamente con la Junta". El tiempo apremia y en el plazo de una semana conocerán la respuesta que dictaminará si deben desmontar los negocios de la playa o pueden continuar abiertos todo el año. "No se sabe si tendremos que mandar a 80 familias al paro", expresa con preocupación.
"Llevamos dos semanas recabando información para presentársela al Ayuntamiento para adaptarnos a la nueva ley sin ningún tipo de problema", reconoce Sánchez, que explica que "para eso hacen falta una serie de requisitos". Esto es, estar al día de certificados de Seguridad Social y de Hacienda, capacidad para poder contratar sin problemas y no tener ningún tipo de deuda ni con Ayuntamiento ni con Junta de Andalucía. El portavoz afirma que "ya se han cumplido todos".
Con respecto a la denuncia interpuesta en la Fiscalía por un empresario del paseo marítimo gaditano por la "comisión de tres supuestas irregularidades que supondrían el incumplimiento del pliego de condiciones", Sánchez asegura que "no hay ningún problema con ese tema, puesto que existe una normativa clara al respecto que nos permite hacerlo", refiriéndose al aumento de 150 metros que aprobó el Partido Popular en una proposición que se llevó al Congreso en 2014. Estos 150 metros 'extra' están divididos en 200 de chiringuito, 70 de instalación abierta y desmontable y 30 de aseos.
"No queremos enemistarnos con nadie y deseamos que le vayan bien las cosas, pero no tiene razón porque se está basando en una normativa obsoleta", asegura el presidente de los negocios playeros, que cree que "es bueno que haya servicios en Cádiz, y más en una época como la que se acerca ahora". En cualquier caso, habrá que esperar a la resolución de la Junta de Andalucía para conocer cómo acaba la polémica de los chiringuitos.