Tanto Quique Pina, máximo gestor deportivo de la entidad amarilla, como Manolo Vizcaíno, actual presidente, están siendo investigados por diferentes tramas de corrupción.
La noticia de la detención de Enrique Pina Campuzano, cabeza visible del proyecto deportivo que ha llevado al Cádiz a ocupar posiciones de ascenso directo en la Segunda División española, ha pillado por sorpresa tanto a la prensa de la ciudad como a la propia afición del club, que no para de preguntarse qué va a ser del futuro de la entidad si se demuestra el blanqueo de capitales y el murciano acabara entre rejas.
Y es que cuando la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) interviene es porque ya ha recabado pruebas suficientes para incriminar al presunto delincuente, que en contadas ocasiones acaba saliéndose con la suya. De momento, Quique Pina está siendo investigado por apropiarse de comisiones en la compra-venta de futbolistas en las etapas en las que ha estado relacionado con diferentes clubes del panorama nacional. De hecho, durante la mañana del miércoles se han llevado a cabo registros simultáneos en el Ramón de Carranza gaditano y Los Cármenes, de Granada, las ciudades deportivas de ambas entidades y oficinas en Barcelona y Murcia. En un principio, nada de esto debería afectar al día a día de la entidad gaditana, aunque la afición —por muchos mensajes de tranquilidad que se le haga llegar— se pregunta si esto podría verse reflejado de alguna manera en el vestuario del equipo.
Porque no solo Quique Pina está inmerso en una presunta trama corrupta, sino que su otro máximo mandatario, el presidente Manolo Vizcaíno, aún tiene pendiente el juicio por el caso Invercaria. Hace seis días, el juzgado de instrucción número 16 de Sevilla cerró la investigación del caso y envió a la Audiencia Nacional la pieza por un préstamo concedido por la sociedad pública Invercaria a la empresa Own Spa, propiedad del dirigente hispalense. De esta forma, serán procesados el presidente del Cádiz, su hermana y el expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo. La Fiscalía reclama para los dos primeros 2 años y medio de prisión y 6 y medio para Sauquillo; el PP andaluz, que ejerce la acusación particular, solicita tres años y medio de cárcel para Vizcaíno y su hermana y 12 años y medio para el expresidente de Invercaria.
Por el momento, la marcha deportiva del equipo amarillo en estos tres últimos años es impecable, pero en los despachos las presuntas irregularidades —aunque no guarden relación con la actividad del club cadista— cometidas por sus dirigentes está ensuciando en estas últimas horas el nombre de una entidad que, visto lo visto, tiene prohibido acostumbrarse a una estabilidad institucional que continúe haciendo crecer al principal exponente deportivo de la provincia.