El nuevo magnate del brandy de Jerez, el empresario filipino de origen chino Andrew L. Tan, quiere deshacerse de las viviendas sociales que Domecq ordenó construir en los años 60 del siglo pasado para sus trabajadores. Al tomar posesión a principios de marzo en la ciudad de los activos de la antigua Domecq, que adquirió a Beam Suntory a través del Grupo Emperador -de su propiedad- por 275 millones de euros, también ha asumido un parque de alrededor de 200 pisos de protección oficial. Promovidos bajo jugosas subvenciones estatales por el Instituto Nacional de la Vivienda franquista, las viviendas se mantienen en algunos casos vacías o, en su mayoría, alquiladas con contratos de renta antigua a personal jubilado de las bodegas, sus viudas o descendientes directos. Así había sido durante casi medio siglo. Hasta ahora.
En las últimas semanas estos residentes viven sumidos en la incertidumbre al haber empezado a recibir notificaciones de la multinacional, a las que ha accedido lavozdelsur.es, instándoles a que ejerzan su derecho de retracto. Esto es, que procedan a la compra de la vivienda arrendada una vez que Beam Spain ha culminado su transmisión a Bodegas Fundador, nombre con el que el multimillonario asiático ha rebautizado al complejo bodeguero jerezano en honor al brandy del mismo nombre. “Todo va estupendamente, hasta ahora todo va estupendamente, si firmamos es un chollo que vamos a coger. Llevo luchando más de 15 años y nunca han querido vender hasta ahora”. Mariló Fernández, a sus 66 años, ejerce de intermediaria entre la bodega y los vecinos de la histórica barriada Domecq. Algunos de los residentes miran sus movimientos con recelo pero ella está convencida de que es una buena oportunidad para al fin ser propietarios de un techo en el que lleva “desde que nos lo dieron en los 60”.
“Mi marido trabajaba en la bodega y nos vinimos sin luz y yo embarazada, con la barriga hasta la boca. Mientras los construían, Domecq nos puso una casa de balde en la calle Ceniza, al lado de San Mateo”, relata en el descansillo junto a su vecina Antonia Jiménez, viuda de otro empleado de la antigua casa del fino La Ina. “En la barriada vivimos unas 98 familias de los 112 pisos que tiene, y si acaso dos hombres trabajan ahora mismo en la bodega”. No es de extrañar que la multinacional quiera soltar los viejos lazos que todavía le atan a sus propiedades inmobiliarias más gravosas. A Antonia le piden en su carta 1.714 euros por su piso, mientras que a Mariló, 2.290. “El bajo está más cotizado”, puntualiza. A esas cantidades, que irán a parar a la cuenta de ingresos de Tan, habrá que sumar los gastos derivados de la compraventa. Todos los arrendados tienen hasta finales de abril ("la fecha para la decisión de compra está establecida para el 29 de abril") para decantarse. La división es total: “Unos dicen que sí, otros que no… Cada uno le ve un color a la cosa. Si a mí me da la Caja de Ahorros un préstamo me lo quedo”, asegura Antonia.
“Las viviendas se venderán en las condiciones que se encuentran en la actualidad, es por eso el precio tan económico”, mantiene en un escrito dirigido a los vecinos la representante del grupo de viviendas Calzada del Arroyo, otros 40 pisos levantados por Domecq hace medio siglo. Uno de sus residentes desde 1966, con una renta de unos 5 euros al mes, es Manuel Flores, que comparte vivienda con su señora y un nieto a su cargo. De sus 79 años de edad, 50 se los ha pegado trabajando en la vetusta bodega aledaña. “Esto ha tenido dueños de todas clases, franceses, americanos, japoneses… y nunca se han preocupado por las viviendas, el filipino debe de ser un angelito del cielo”, asegura irónico con la mesa repleta de documentos. Uno de ellos es el contrato de arrendamiento, donde figura en la cláusula cuarta que "el arrendador cargará con las reparaciones necesarias a fin de conservar la vivienda en estado de servir para el uso convenido, así como el adecentamiento de la fachada y escalera".
Domecq ha tenido que mantener por contrato muchas de estas viviendas sociales que presentan, como en el caso de la de Flores, un estado calamitoso. En situación similar está el piso de Enriqueta Peña, vecina de los bloques de la bodega en la cuesta del Espíritu Santo. A ella le piden por la propiedad de la casa 4.242 euros. Es la tercera de las cuatro promociones que se levantaron para que viviera el personal de la bodega. Próxima a ella está la cuarta, la de plaza de Domecq. Unos bloques de unas 30 VPO que se construyeron sobre suelo público. "Había una plaza con dos palmeras, preciosa, ponían las cunitas de Mariano", rememora. Y se centra en su vivienda: "Esto está fatal, tengo goteras por culpa de la azotea". "¿Para qué quiero yo esta propiedad con la de millones que habrá que echarle para arreglarla?", cuestiona Enriqueta, que ya incluso ha trasladado la situación a los grupos municipales de PSOE y Ganemos Jerez. "Ahora nos dicen que lo paguemos nosotros y por eso nos ponen los precios tan bajos, pero ese dinero ya se lo dio el Estado en aquella fecha y ellos aquí no han reparado nada, he matado ratas enormes que se cuelan de la bodega, los bajantes están fatal, la carcoma se lo come todo... Por aquí no aparecen. Como siempre se parte la cuerda por el currito. Cómo me suban el alquiler una barbaridad le meto fuego a Domecq", advierte indignado Flores.
¿Qué pasará si no compran? Mariló lo explica: "Si hay gente que no quiere, no querrá. Después esto se lo darán ellos a una inmobiliaria y esta se encargará de comprar los pisos con los inquilinos dentro. Una vez que fallezcan, fuera. Y además podrán subirle la renta lo que quieran, se acabó la renta antigua. Mira el Bar Adeli, que lo ha tenido que dejar el hombre por la cantidad de dinero que le subía el contrato de alquiler". "Aquellos vecinos que no estén interesados en comprar seguirán en régimen de alquiler con las mismas condiciones actuales, hasta que el nuevo propietario de las viviendas decida cómo va a actuar", advierte la representante comunitaria en su carta a los vecinos de Calzada del Arroyo. Deja claro que Bodegas Fundador no tiene el más mínimo interés en mantener este gravoso negocio. “Por cada vivienda -resume Mariló- paga unos 200 euros al año solo en contribución (IBI) y aparte tiene que hacerse cargo de los desperfectos, de conservar las fachadas, de los atascos, hasta de cambiar una bombilla en la plazoleta... ¿tú te crees que le conviene este negocio si lo que aquí venimos pagando son 700 pesetas de las antiguas? Ese era el dinero de una semana de trabajo de mi marido en la bodega”.
Para terminar de alimentar la confusión entre los vecinos y vecinas de los pisos sociales de la antigua Domecq, un abogado jerezano, Álvaro Cosano, reunió hace unas semanas a los casi 200 afectados -era la primera vez en 48 años que se reunían todos los arrendados de Domecq- para proponerles hacerse cargo de las gestiones derivadas de la compraventa. "Aquello fue un caos, puso un papel en la puerta de los pisos convocándonos y pensaría que estábamos la mitad muertos y que no iba a ir nadie", sostiene Mariló. Este medio ha tratado sin éxito de ponerse en contacto con el letrado, que según el escrito facilitado por los propios vecinos les cobraba 300 euros más IVA "en concepto de honorarios por toda la gestión en la compraventa de la vivienda". "Se creía que iba a hacer el agosto con nosotros en pleno marzo", apostilla la residente en la barriada de Domecq, quien advierte que "ya en Domecq me han dicho que este señor no tiene nada que ver con ellos".
"Yo no quiero propiedad, en mi vida, y tengo cuatro hijas y cuatro nietos, uno vive conmigo, pero esto es una ruina. Estoy metido dentro de Domecq, cuando crecen las hierbas nos tapan las ventanas, no se ocupan del mantenimiento de esto para nada", insiste Flores. "Querrán quitárselo de encima cuanto antes", apunta Agustín Villaverde, con 54 años y que vive con sus padres en la barriada Domecq. No se explica muy bien cómo les piden ahora pagar por comprar unas viviendas que "están más que pagadas". El rumor de los inquilinos se siente en una de las plazas entre los bloques. Solo es silenciado por el canto de los pájaros en la fría mañana de primavera. La bodega no responde a las llamadas. "Allí no tienen que ir porque lo que hacen es molestar", subraya Mariló. En un bloque de pisos cercano, otro perplejo vecino que no quiere dar su nombre resume la situación actual: "Oficialmente solo sabemos que nos han tasado las viviendas y que quieren que las compremos porque nuestros contratos los ha subrogado el nuevo dueño de la bodega, hasta ahí te puedo decir que sabemos". Muy cerca de allí, bajando la cuesta de la Chaparra, Manuel Flores es rotundo: "Si se creen que van a recaudar con nosotros porque somos inquilinos viejos y jubilados van listos, no lo vamos a permitir. Después de más de 40 años que te digan que te van a echar a la calle...".