La empresa municipal Ajemsa (Aguas de Jerez) celebró este viernes junta general para aprobar la disolución de la sociedad, con la cesión de activos y pasivos al Ayuntamiento. Ya la semana pasada, coincidiendo con el pleno en el Ayuntamiento, un nueva junta general aprobó, entre otras cosas, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013, año en el que se certificó la privatización de la explotación del ciclo integral del agua (abastecimiento, alcantarillado y depuración). Una gestión pública rentable económica y socialmente, según han mantenido grupos de la oposición y la coordinadora en defensa del agua, que estará en manos de la compañía Aqualia (grupo FCC) hasta 2038 a cambio de un canon de 80 millones de euros (20 menos de lo que en un principio pidió el gobierno local). Un dinero, por cierto, que ya prácticamente se ha dilapidado a diez meses de acabar la presente legislatura.
"Esto es para meter a alguien en la cárcel", espeta Joaquín del Valle, portavoz municipal de IU. "Una privatización que no beneficia a nadie y que no quería nadie, que hipoteca a la ciudad en los próximos lustros", mantiene el portavoz del PSOE, Luis Flor. "Se trata de una privatización que encarecerá el servicio y que no responde a ningún argumento técnico, económico, ambiental o social", añade Rocío Montero, portavoz de Foro Ciudadano. El caso es que ya el gobierno local del PP por su cuenta y riesgo traspasó una deuda a largo plazo de Ajemsa cifrada en 75 millones de euros a través de los créditos ICO y ahora endosa al Consistorio la deuda a corto plazo por valor de 38 millones de euros. En total, "113 millones de euros de deuda para una sociedad que tenía acuerdos y capacidad económica y financiera para asumir esas deudas y además ser rentable en todos los términos", explica Del Valle. Ahora la deuda pasa a manos de los jerezanos tras el saneamiento exprés de Aguas de Jerez antes de su privatización. "Pelayo ha dejado un negocio redondo para que se lo lleve otro calentito, en concreto Aqualia y los bancos. Son los números de la cuenta de explotación, no nos inventamos nada", dijo Del Valle en la junta general.
La deuda a largo plazo, pese a que contaba con convenios de pago con los acreedores a una media del 3% de interés, pasa al Ayuntamiento con un tipo de interés del 5,9%, que es el que marca el Estado por la operación de cambiar facturas comerciales a financieras mediante los polémicos ICO. Vuelve a ganar la banca. En paralelo, el ingreso por el primer pago del canon de la privatización del agua se destina a cancelar un crédito de unos 30 millones con Unicaja al 1,2%, "que eso es algo que no te lo da a día de hoy ningún banco del mundo mundial", y los otros 10 "a tapar boquetes". Este año, misma jugada. Segundo y último pago del canon por "malvender el agua de todos los jerezanos" y ¿qué hace el gobierno de la alcaldesa Pelayo? 20 millones para los bancos y "los otros 20 millones para costearse la campaña de las municipales con obras en su mayoría sin valor añadido", denuncia la oposición.
¿Y los jerezanos ya notan los efectos? A los cortes salvajes por impagos de principios de año hay que sumar el hecho de que la privatización de la gestión del agua ya ha supuesto que los recibos que pagan los usuarios hayan sido un 4,3% más caros en menos de doce meses. A la subida inmediata del 4% tras la privatización, que se ocultó al no explicar el Ayuntamiento que ésta implica la aplicación del 10% del IVA en el recibo para los servicios de depuración y alcantarillado, tasas que están exentas de este impuesto si la explotación es pública, en enero hubo que sumar otra subida del 0,3%. En general, y por término medio, cada recibo ahora es un 7% más caro que cuando Aguas de Jerez era de los jerezanos y jerezanas.
¿Y el gobierno local dice algo? “No van a escuchar la versión del Ayuntamiento sobre las consecuencias de la privatización del agua porque nadie del equipo de gobierno ha querido hablar para este programa”. Así lo reflejaba el periodista en un momento del corte donde el programa El objetivo de La Sexta abordó recientemente el proceso de privatización de la gestión del ciclo integral del agua seguido por el gobierno local del PP. Dentro de un espacio dedicado a las privatizaciones seguidas en España en las últimas décadas, Jerez tuvo especial relevancia.
Los consejeros del PSOE en Ajemsa, Abraham Granadino y Juan Antonio Morales, consideran que la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, sigue una línea de “total y preocupante oscurantismo y falta de transparencia” en el Ayuntamiento. Éstos pidieron hace más de ocho meses, en noviembre de 2013, los estatutos y la situación real de la empresa, patrimonial y laboral, junto con un inventario detallado de la misma, unos datos que precisaban para realizar convenientemente su labor fiscalizadora. Esta solicitud se volvió a realizar el 31 de enero de este año, así como en consejos de administración. “A pesar de se nos ha asegurado en varias ocasiones que nos darían estos datos, pero lo único que nos ha remitido han sido una información muy general que no tiene nada que ver con la reclamada”. Los consejeros preguntan a García-Pelayo si “esta descarada falta de información” significa que “hay algo oscuro que no conviene hacer público”. “A estas alturas, que Pelayo no haya entendido aún que vivimos en una sociedad que exige a los representantes públicos la máxima transparencia resulta de una enorme preocupación. No hablamos de que no se nos haya facilitado documentación pedida hace uno o dos meses, es que han pasado ya ocho”.
Los socialistas también se refieren a que, especialmente en este tema, el del agua, el jerezano se encuentra especialmente sensibilizado, no en vano se ha procedido a una privatización “que no ha contado con el visto bueno de nadie, salvo del equipo de gobierno”. “Se ha hipotecado un bien importantísimo para Jerez, una rémora que la ciudad arrastrará en los próximos lustros”. Los consejeros socialistas seguirán pidiendo esta información tanto en próximos consejos de administración como a través de nuevos escritos. “La opinión pública ha de saber el modo en que actúa Pelayo, con falta de transparencia y democracia alarmante a estas alturas del siglo XXI”.