El gobierno local del Partido Popular trata de despejar cualquier misil que dañe aún más su línea de flotación ante el escenario electoral recién inaugurado. Si la parcela económica se ha convertido, aún más, en un angustioso quebradero de cabeza tras consumirse los recursos extraordinarios del agua y hacer parches de ingeniería contable de todos los colores, paradójicamente una decisión que se adoptó hace tiempo y que permitiría ingresos es una patata caliente de la que hay que desprenderse como sea. Y es que a ningún alcalde le gustaría poner en marcha en la recta final de la legislatura una medida tan impopular como duplicar las plazas de aparcamiento regidas por la ordenanza reguladora de aparcamientos (ORA). Mientras la adjudicataria del contrato de explotación, Setex-Aparki -que también gestiona la grúa municipal-, incluso ha comenzado a instalar nuevos y modernos parquímetros en zonas de la primera corona del centro histórico como calle Paúl, el vicealcalde y portavoz del gobierno Antonio Saldaña y el delegado de Urbanismo y Movilidad, Agustín Muñoz, tratan de hallar un resquicio o cobertura legal que permita retrasar a toda costa la ampliación prevista de la 'zona azul' hasta después de las elecciones municipales del 24 de mayo. Según ha podido saber La Voz del Sur, nada se sabe del coste que podría implicar para el Ayuntamiento no cumplir desde ya el referido contrato.
Sin embargo, el equipo de Pelayo teme el desgaste político importantísimo que supondría una decisión que conlleva un total de 1.807 nuevas plazas de 'zona azul' que se suman a las ya existentes. Es decir, de las 1.854 que hay ahora se pasará a 3.661, un 97% más. Un nuevo contrato que además supone un incremento de la zona naranja en el centro, potenciando el modelo de alta rotación de aparcamientos que tanta contestación tuvo cuando se implantó hace unos años en la Porvera y que ahora se ampliará a calles Sevilla, Paúl, Corredera, Arcos, Armas y Medina (un 177% más de aparcamientos).
A partir de este mes, por contrato, la empresa ha de pintar las nuevas zonas, instalar los nuevos expendedores y habrá que abrir el nuevo plazo para la renovación de las tarjetas de residentes en las diferentes zonas. Una nuevas delimitaciones, a todo esto, que no responden en muchos casos a las zonas residenciales en las que supuestamente sus vecinos y vecinas reclamaban históricamente esta ampliación de la ORA. Ni plaza del Caballo (en 2012 el proyecto llevaba la zona de estacionamientos regulados hasta la Rosaleda), ni la Constancia, ni barriada España… Ninguna de esas zonas, pese a las demandas que antaño hacían sus representantes vecinales, cuentan con plazas regidas en la nueva ORA que debe entrar en vigor en unas semanas y que pasa ahora por multiplicar los aparcamientos regulados en los barrios más señeros del centro histórico. Una ampliación que dejaría a la ciudad, especialmente a su centro histórico y su centro comercial abierto, con 3.070 plazas en zona azul (1.216 nuevas); 219 de zona naranja (alta rotación); y 372 de zona verde (baja rotación). Pese a que el Plan de Movilidad Urbana y Sostenible (PMUS), elaborado por la empresa Contorno, reclama más sensibilidad a la hora de establecer restricciones al tráfico privado en las zonas más sensibles del casco histórico de la ciudad, el gobierno local del PP ha optado por multiplicar los aparcamientos de pago en el casco antiguo de la ciudad, extendiendo la ORA hasta las zonas de San Mateo, San Pedro, Santiago y San Miguel. Barrios fundacionales de la ciudad que, lejos de la protección severa que reclaman muchos expertos en patrimonio y conservación, tendrán aún mayor presencia y flujo de tráfico.