El Supremo exculpa a Pelayo por la Gürtel solo unos días antes de que deje de ser aforada

El magistrado admite que existen "datos abrumadores" de irregularidades en la adjudicación de los contratos para Fitur 2004 aunque considera que la entonces regidora no tenía por qué saber lo que firmaba.

El Tribunal Supremo ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa contra la ex alcaldesa y diputada provincial en el Congreso por el PP, María José García-Pelayo en la pieza separada 'Ayuntamiento de Jerez' en la que investiga presuntas contrataciones ilegales con la trama Gürtel en Fitur 2004. El Alto Tribunal ha dictado su decisión unos días antes de que la líder del PP jerezano deje de ser aforada, una vez que se disuelvan las Cortes el 3 de mayo y no permanezca en la comisión permanente del Congreso, como ya ocurrió antes de las pasadas elecciones generales. El magistrado en todo caso reconoce que existen "datos abrumadores" de irregularidades en la adjudicación de contratos del Consistorio aunque considera que la entonces regidora del municipio gaditano no tenía por qué saber lo que firmaba. "Es poco fundado afirmar tras la investigación llevada a cabo que la aforada firmase con conocimiento de sus irregularidades los previos acuerdos", sostien el auto, al que ha tenido acceso lavozdelsur.es. Un escrito que contrasta con la exposición razonada que el juez titular del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, José de la Mata, remitió en junio del año pasado al Supremo, en la que afirmaba que Pelayo no solo está implicada en el amaño de contratos con la red de Correa, sino que su participación fue “patente y grosera”. Los informes de la Policía Judicial y los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) consideron igualmente la "implicación directa" de la exalcaldesa, sin que nada de eso haya sido tenido en cuenta por el juez del TS que le tomó declaración como imputada (ahora investigada tras la reforma del Código Penal) en febrero pasado.

Los hechos investigados se remontan al año 2004 cuando se cerraron varios contratos administrativos para el desarrollo de la presencia de Jerez dentro de la feria de turismo Fitur, así como otros para llevar a cabo actos en la Plaza Mayor de Madrid. La Audiencia Nacional se inhibió a favor del Supremo ante los indicios de criminalidad contra la diputada 'popular', si bien abrió juicio oral por esta causa contra nueve personas, entre ellos los presuntos líderes de la trama Francisco Correa y Pablo Crespo, y cinco técnicos municipales. Salvo para una de las dos exinterventoras procesadas, la Fiscalía solicita 7 años y 9 meses de cárcel, y 12 de inhabilitación para ocupar cargo público en el caso de los empleados del Consistorio.

Sin embargo, la vía del Supremo abierta por la condición de aforada de Pelayo apuesta por el sobreseimiento. El Alto tribunal abrió pasado mes de septiembre causa en su contra a raíz de los contratos cerrados con Special Events y Down Twon Consulting por un importe de 355.000 euros. Es más, en su auto parece derivar claramente la responsabilidad municipal a los técnicos, una de las tesis -junto con la prescripción de los delitos- que ha venido sosteniendo el PP desde que el juez Ruz reabriera la pieza en la Audiencia Nacional en marzo de 2014. "Es obvio que en determinados ámbitos tanto administrativos como empresariales ha de operarse con un principio de confianza en la labor de los escalones previos al ámbito estrictamente decisional, delegando tareas y funciones si no se quiere colapsar una administración", detalla el magistrado del TS. Y agrega: "No es exigible que el Alcalde Presidente de un Ayuntamiento como el de la ciudad de Jerez contraste y coteje con cada expediente todas y cada una de las decisiones o acuerdos que firma".

El instructor, Antonio del Moral, califica de "creíble" el testimonio de García-Pelayo sobre su desconocimiento de "toda esa trastienda de la que emana un fuerte aroma a irregularidades, tráfico de influencias o decisiones opacas y, dicho castizamente, caciquiles, resultan no sólo muy verosímiles sino además sugestivas de acomodarse a lo más probable". Del Moral no cuestiona la posible relevancia penal de los hechos investigados, ante el cúmulo "nada despreciable" de indicios que apuntan, según explica en su resolución, que la asignación de esos contratos se hizo de forma "voluntarista", pero exculpa a la ex regidora del PP. La adjudicación de los contratos a empresas de la trama fue una decisión arbitraria adoptada "al margen de todo procedimiento legal" que benefició a tres empresas. "Dos de ellas estaban vinculadas a una trama implicada en operaciones irregulares con administraciones gobernadas por el grupo político que, en ese momento, había accedido a la alcaldía", destaca el auto. El carácter absolutamente irregular de aquella contratación, según el instructor, radica en la constatación de que la decisión de adjudicar los contratos a las tres empresas fue anterior a los propios expedientes, que se tramitaron después de la celebración de la Feria de Turismo. No obstante, el juez considera que no se puede atribuir a García-Pelayo una "conducta dolosa" en relación a esos contratos y descarta que los avalara a sabiendas de su arbitrariedad

El auto cita dos sentencias de la Sala de lo Penal que establecen que para que exista un delito de prevaricación necesita algo más que la pura constatación de la firma en una resolución arbitraria e injusta. "Hay -expone- un cúmulo nada despreciable de indicios que apuntan inequívocamente a que se tomó la decisión de contratar a unas determinadas empresas propuestas por una persona, que estuvo investigada pero que ha fallecido -el intermediario Isidro Cuberos, ex jefe de prensa de Arenas-, para llevar a cabo las labores y servicios necesarios para la participación del Ayuntamiento de Jerez en la feria Fitur, pero la decisión política sobre la conveniencia o no de esa participación (...) son cuestiones que escapan a cualquier fiscalización o control desde el ámbito penal: se mueven en el legítimo terreno de la discrecionalidad política".

Al conocerse el sobreseimiento provisional, el presidente del PP en Cádiz, Antonio Sanz, ha manifestado su satisfacción por la sentencia del Tribunal Supremo (TS) y ha exigido "a quienes han utilizado este asunto para la persecución, la cacería política y para destruir a la persona, sin otorgar ni un milímetro de presunción de inocencia, que le pidan disculpa y perdón por el ataque" a la también diputada por el PP. El dirigente del PP ha "reprochado" y "lamentado" las "actitudes de algunos, que han utilizado este asunto para intentar condenar, antes de que se pudiera defender, a una persona que, como todo ciudadano, tiene derecho a la presunción de inocencia, y ahora se demuestra que no había ningún delito del que imputarla".