La Consejería de Hacienda y su ley de tributos busca “fomentar y ampliar” el estudio de idiomas entre los hijos de familias con rentas de hasta 100.000 euros, bien a través de una academia privada bien a través de las extraescolares en los colegios privados o concertados. En estos casos los precios no los regula la Junta de Andalucía, sino el mercado, y oscilan entre los 75 y los 120 euros al mes (más 40 euros de matriculación), según datos de la Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía (ACEIA).
Ganemos Jerez considera que responde al modelo que suele aplicar la derecha consistente en laminar los servicios públicos esenciales, entre los que se encuentra la Educación, para convertir un derecho fundamental en oportunidades de negocio para sus amigos, bajar impuestos a los ricos y aumentar así las desigualdades sociales.
La reforma fiscal del Gobierno de Moreno tiene el efecto colateral de bifurcar los itinerarios educativos: uno para alumnos con pocos recursos, otro para los hijos de familias acomodadas. Al presentar la deducción fiscal por el estudio de idiomas, el PP andaluz quiso subrayar que esta medida no era exclusiva para colegios y academias privadas, porque en “algunas” escuelas públicas también se ofertan estas clases. “Nos preguntamos cuál es la incidencia en los centros educativos públicos y en su alumnado”. Los datos que manejamos son claros.
Este diseño tributario, en la práctica, encontrará a los potenciales beneficiarios en las escuelas privadas o privadas concertadas que tengan algún tipo de convenio con academias de idiomas, dado que el porcentaje de centros públicos que ofertan clases de lengua extranjera en horario extraescolar es residual, según apuntan los datos de la Consejería de Educación. De ahí que las organizaciones sindicales de profesores hayan recibido esta medida como “una vía más para abrir negocio en la privada–concertada a costa de la oferta pública, que porcentualmente pierde más unidades y más alumnado cada año”. Además, los alumnos de la escuela pública que acuden a estas clases ya se benefician de las subvenciones ligadas a la renta baja de sus familias.
En abril del año pasado, la ONG Save the Children publicó un estudio pionero sobre segregación del alumnado en España por razones socioeconómicas. Nuestro país apareció como uno de los que más divide a los alumnos de Educación Primaria por escuelas en función de su renta familiar. Un escenario que los expertos empiezan a calificar como “colegios gueto” (cuando la concentración de estudiantes con bajos recursos en un mismo centro supera el 50%). Este tipo de segregación escolar provoca, según el citado estudio, que los niños con más desventajas socioeconómicas en casa se agrupen en los mismos barrios y las mismas escuelas y vean reducidas sus posibilidades de relacionarse con niños de otros estratos sociales.
El Gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía también ha hecho bandera de la “libertad de los padres para elegir el colegio de sus hijos”, una consigna que propicia un aumento de recursos y plazas en escuelas privadas y concertadas. "Los citados informes sobre segregación escolar apelan a las administraciones educativas para que fomenten, desde la planificación escolar hasta el diseño de ayudas, una educación inclusiva, que no acrecente la desigualdad y ayude a mejorar la diversidad en las aulas", sostiene Ganemos Jerez.
Con esta Ley en Andalucía, tal y como en otras comunidades autónomas como Madrid, Murcia y, en general, aquellas gobernadas por la derecha, se está rompiendo el consenso constitucional en materia de educación. “Las competencias educativas están transferidas para legislar a favor de conseguir la máxima calidad y tomar medidas concretas para defender y ampliar el espacio de la educación pública, que es la única capaz de garantizar la equidad social y la igualdad de oportunidades. Se está haciendo todo lo contrario con la Ley de Tributos. Se propone una rebaja fiscal para familias que no lo necesitan ensanchando la brecha escolar en Andalucía”, critican desde la agrupación municipalista.
Ganemos Jerez presentará a debate del pleno municipal este asunto, para instar a la Junta a retirar cuanto antes el artículo 15 de la Ley de Tributos Cedidos, por tratarse de una medida tributaria que aumenta las desigualdades sociales en la comunidad y a tomar todas las medidas necesarias para apoyar la enseñanza pública y que favorezcan una educación inclusiva.
Comentarios