La línea entre la fiscalización sana y democrática se pervierte rápidamente en la oposición destructiva y fake que tanto daño esta haciendo a la convivencia y al clima político en España. El gobierno municipal de Jerez, en manos del PP, ha afeado al PSOE jerezano que ejerza como principal partido de una oposición de "fangos y bulos".
El portavoz municipal de esta estrategia, a juicio del ejecutivo popular, es José Antonio Díaz, quien aprovechando una información publicada por Diario de Jerez, El TSJA obliga al Ayuntamiento de Jerez a pagar unas facturas por una obras de hace una década, se ha despachado a gusto asegurando que "a Jerez le sale caro cuando gobierna la alcaldesa Pelayo, se reproduce siempre el mismo patrón: obras paralizadas y sin terminar, impagos de facturas, huidas de empresas, sentencias condenatorias para el Ayuntamiento".
Del mismo modo, ha llegado a relacionar estas facturas con la paralización de las obras en plaza San Juan, fruto de una espantada de la adjudicataria que ahora va a resolverse con un nuevo pliego para rematar unos trabajos que, por cierto, se eternizaron en la pasada legislatura.
El Ayuntamiento de Jerez ha aclarado, en cambio, que la sentencia del TSJA en relación al pago de certificaciones pendientes relativas a la obra de desdoble de la actual Avenida Reina Sofía no pone en ningún momento en duda ni el procedimiento llevado a cabo en su día para la contratación de las obras, ni la resolución del contrato, ni habla en ninguno de sus párrafos de impagos por parte del Ayuntamiento. "La sentencia del TSJA que corrige la emitida en 2023 por el Contencioso-Administrativo de Jerez, se limita a ordenar el pago de 3 certificaciones de obra que aún no se habían abonado porque la empresa no las había entregado", han aseverado.
Ante esta situación, la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, llama en primer lugar a la tranquilidad porque en todos estos años, "el Ayuntamiento de Jerez ha actuado de forma correcta. De hecho, la sentencia no estima la pretensión de la empresa de que se le abonaran una serie de sobrecostes del proyecto ni condena en costas al Ayuntamiento (ni a la empresa) ni emite el fallo en base a impagos por parte del Consistorio, sino que, estando pendientes 3 certificaciones de obras (la 4 con fecha 27 de enero de 2015, la 5 con fecha 14 de mayo de 2015 y la 6 con fecha de 19 de junio de 2015) ordena su pago una vez que, como confirma la propia sentencia, se ha cumplido el trámite administrativo de la resolución del contrato".
En segundo lugar, la delegada de Urbanismo ha vuelto a exigir "rigor y prudencia" al portavoz del Grupo Municipal Socialista que, "una vez más, ha vuelto a hacer gala de su afán desmedido por la crítica sin argumentos basa en mentiras". Y es que, como apuntan desde el Ayuntamiento, "la sentencia en ningún momento entra en el procedimiento llevado a cabo en su día y, aún más, no evidencia en ninguna de sus líneas que se trate de un problema de falta de pagos por falta de liquidez, sino por falta de voluntad de la empresa que tenía otras exigencias (que el juez no ha concedido)".
De la Cuadra apunta a que, si fuera verdad que se tratase de un asunto de impagos por mala gestión, que no lo es, teniendo en cuenta que una de las certificaciones de obra tiene fecha de una semana antes de las elecciones municipales de 2015 y la tercera de las certificaciones está firmada cuando Mamen Sánchez ya era alcaldesa, estaríamos hablando de una mala gestión del anterior Gobierno socialista. “Podríamos caer en la misma táctica de fango y bulos del Grupo Socialista, pero no somos iguales”.
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