El gobierno local ha dejado dos cosas muy claras este pasado lunes, en una rueda de prensa monográfica sobre este asunto: por un lado, defiende la legalidad del plan de estabilización para el personal de Emuvijesa, la empresa municipal de vivienda del Ayuntamiento de Jerez; y por otro, circunscribe la polémica con la exgerente, actual diputada socialista en el Congreso, Eva Bravo, a un asunto estrictamente laboral, ajeno a una guerra interna en el PSOE.
Tanto la responsable de Recursos, Laura Álvarez, como la vicepresidenta del ente público, Ana Hérica Ramos, han explicado que este procedimiento de estabilización sigue el mismo criterio jurídico que se ha aplicado en las diferentes empresas municipales, y que ha sido aprobado por el Consejo de Administración de Emuvijesa después de mantener cuatro asambleas con la plantilla.
En este sentido, se ha insistido en la idea de que "la plaza de Eva Bravo ha salido a estabilización acorde a los criterios que marca la ley", que "todos los trabajadores son tratados igual; sea quien sea". Según lo publicado en el BOP el proceso atañe a 7 de los 20 empleados de Emuvijesa, que ocupan puestos estructurales, pero son labores indefinidos no fijos. Son estos empleados públicos los que deben enfrentarse a un concurso de méritos para estabilizar sus plazas.
La teniente de alcaldesa, Laura Álvarez, ha recordado que a raíz de la aprobación por parte del Gobierno de la Nación de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, la Junta de Gobierno Local aprobaba la Oferta de Empleo Público extraordinaria de estabilización de empleo temporal de larga duración del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento. En concreto, se trata de una oferta para 911 plazas de trabajadores y trabajadoras del propio Ayuntamiento y 156 de sociedades y fundaciones municipales.
En este sentido, ha destacado que “este proceso de estabilización de Emuvijesa se basa en criterios jurídicos, es un tema laboral, no tiene nada que ver con ninguna cuestión política”. La responsable de Recursos Humanos ha recordado que “en el caso de Emuvijesa, al igual que en las restantes empresas municipales, se estudiaron los criterios y jurisprudencia para ver qué puestos había que estabilizar, para identificar cuáles eran los fijos y los no fijos. Para ello, las distintas empresas mantuvieron reuniones con los representantes sindicales. En Emuvijesa, han sido más de cuatro asambleas con el total de la plantilla. Por tanto, quiero negar que no haya habido negociación sindical”.
Álvarez ha recordado que “es importante señalar que en todas las sociedades municipales, sus asesores jurídicos han coincidido en el mismo criterio: los puestos cuyos contratos se firmaron antes de mayo de 2007, son fijos, porque ahí no había obligación de hacer contratación pública. Todos los contratos después del EBEB (Estatuto Básico del Empleado Público), tenían obligación de cumplir con las condiciones que marca ese EBEB, y son las plazas que vamos a estabilizar”.
En el caso de Emuvijesa, “tenemos veinte personas que conforman la plantilla. Nos hemos puesto a trabajar con esos expedientes, trece tienen un contrato anterior a mayo de 2007, todas esas personas se declaran ya fijas, porque en aquel momento, no había que hacer contratación pública”. La delegada explica que “las otras siete personas, están en circunstancias diferentes, tienen un contrato de administrativo anterior a la EBEB. Pero en la época de María José García-Pelayo, en 2014, se les cambió de categoría, pasaron de administrativo a técnico. Eso se puede hacer si hay una convocatoria pública, pero no hubo convocatoria pública, y ese cambio de contrato se hizo en fraude de ley”. Por tanto, la delegada destaca que “¿qué tenemos que hacer con esas plazas? Estabilizarlas, porque no son fijas”.
En este sentido, Álvarez señala que “en el caso de la persona que ha denunciado en los medios su situación —por Eva Bravo—, aclarar que no hay ninguna cuestión política. Todos los contratos se han analizado con los mismos criterios jurídicos, se han valorado los puestos, no las personas”. Ramos, ha añadido que ha sido testigo de que "se ha intentado mentir y coaccionar a los compañeros de Emuvijesa", lanzando una acusación velada a Bravo. Por su parte, Álvarez ha insistido en que “Eva Bravo entró en Emuvijesa en 2006 como administrativo, sin procedimiento. Pero en 2014, se la hizo técnico superior. Nadie se pudo presentar a esa plaza ¿Lo ganó? No. Estaba en vigor el EBEB? Sí. García-Pelayo tenía obligación de hacer convocatoria pública”.
Por ello, lamenta que “lo que se han vertido en los medios son mentiras. Los técnicos de Emuvijesa han trabajado honestamente y acorde a la ley. No ha habido ningún trato de favor. Este gobierno ha trabajado acorde a la legalidad vigente”. La teniente de alcaldesa reitera que “ha habido una oportunidad única para estas siete personas, porque esta ley busca la fijeza, una fijeza a la que no habían tenido la oportunidad de acceder. Hasta que este Gobierno ha llegado, no ha habido oposiciones, y de eso no tienen culpa los trabajadores. Esta ley nos permite una fijeza con unos criterios que nos permite al Constitución, para que nadie pueda cuestionar esa plaza. Es una oportunidad única para todos los trabajadores”.
En este sentido, ha hecho hincapié en que “la estabilización es una oportunidad única para esta ciudad. Si no lo hacemos, el día de mañana cuando un trabajador se jubila como indefinido, esa plaza se pierde. Necesitamos plazas para abrir bibiliotecas e instalaciones, para atender a las personas en los servicios sociales… Si no, perdemos ese puesto de trabajo, y esta ciudad para tener servicios de calidad, necesita plazas estabilizadas”.
Respuesta de Eva Bravo
"Por alusiones a mi persona, en distintos y diversos medios de comunicación, se ha dado una información sesgada y que desvirtúa y manipula la verdad", asegura Eva Bravo en un comunicado dirigido en exclusiva a lavozdelsur.es. A la vista de lo anterior, abunda, la actual diputada socialista por Cádiz, ha querido aclarar las declaraciones realizadas por la teniente de alcaldesa "sobre asuntos relacionados con el proceso de estabilización en Emuvijesa, en concreto sobre mi puesto de trabajo". Unas afirmaciones que, a su juicio, no se ajustan a la realidad, "entiendo que por desconocimiento del funcionamiento de dicha empresa, porque es de justicia aclarar que el único órgano con competencia y máxima representación en la misma corresponde al Consejo de Administración, formado por los consejeros y presidenta, que ostenta la alcaldesa de la ciudad, en consecuencia son los que podrían pronunciarse al respecto.
"En primer lugar, informar que mi vinculación laboral en Emuvijesa es desde el año 2005, como titulada superior, con carácter indefinido, y certificado por la misma empresa en distintas ocasiones. Esclarecer además que todos los trabajadores de Emuvijesa se encuentran en la misma situación: indefinidos y con experiencia laboral anterior a 2007; por tanto, el criterio jurídico aplicable y firmado por dos trabajadores de la misma empresa me sorprende, por aplicar diferentes criterios a 7 trabajadores. Además, basándose en algo que no es sostenible, puesto que confunden plazas con puestos. La Ley de estabilización 20/2021 de 28 de diciembre establece claramente que se deben estabilizar todas las plazas estructurales, es decir 21 y no 7, sin perjuicio de cuales hayan sido los puestos servidos".
"En declaraciones públicas dirigiéndose a mi persona como trabajadora, afirman que mi plaza ha salido, pero quiero manifestar que en ningún documento se ha plasmado el código de los puestos ofertados, por tanto necesitaría una bola de cristal para ver qué plazas son las que han salido, solo dicen 4 plazas de técnico superior —en la publicación en el BOP de 31 de mayo pasado—, cuando en la empresa hay 10 trabajadores con esa plaza, ¿Qué pasará con los otros 6? En fin, todo muy opaco, sin información, sin pie de recurso, etcétera… ¿No es más fácil aplicar la ley como han hecho en el propio Ayuntamiento?". Bravo ha interpuesto recurso de reposición por la vía administrativa, y está estudiando interponer denuncia en los tribunales.